- 25/03/2024
- 6 de minutos de lectura
La solución a los excesos no es la motosierra
Esta semana, el presidente Javier Milei ordenó la desaparición del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo de Agricultura Familiar. Tenían 900 empleados y ahora será una dirección con poco más de 60 empleados, el 7% del personal que tenía. Y será un ahorro de 9 mil millones de pesos para el Estado nacional. Antes había sido el INCCA, Telam y hay varios organismos más en la mira.
En un par de años más, precisamente el 1 de mayo de 2026, se van a cumplir 40 años de la Constitución de San Juan.
Una carta magna moderna, pionera en nuevos institutos a nivel país y con buenas intenciones en general.
La cuestión es que muchas de esas buenas intenciones se distorsionaron, quedaron vetustas o directamente nunca funcionaron.
Un ejemplo es el Defensor del Pueblo.
Es un organismo constitucional que deriva de la figura sueca del ombudsman («comisionado» o «representante») y está encargada de velar por el respeto de los derechos derivados de la Constitución para los ciudadanos.
El Defensor del Pueblo es una institución sin competencias ejecutivas; por tanto, su fuerza es más bien persuasiva y política.
Y como no depende en lo jerárquico de nadie, puede darse su propia organización.
Es así que, en San Juan, el organismo fue creciendo… y creciendo… y creciendo. Transformándose en un gran dador de empleo, que sirve para dar asesoramiento, presentaciones de buena voluntad y poco más.
Otro organismo creado por la Constitución fue el Tribunal de Cuentas.
Según su página, tiene la misión, por mandato Constitucional, del Control Público Externo a través de la Fiscalización y Pronunciamiento sobre la legitimidad de la Percepción e Inversión de los Fondos Públicos administrados por los obligados a rendir cuentas, según lo previsto por el art. 256 de la Constitución Provincial, y la prevención de irregularidades de conformidad con la normativa vigente, teniendo en consideración de interés general.
En el 2008, un fallo de la justicia le quitó el poder realizar juicio de responsabilidad al funcionario que, por su función, ocasionara perjuicio fiscal.
Mientras tanto, el organismo fue creciendo… y creciendo… y creciendo.
¿Por qué la relación de los organismos nacionales con los de San Juan?
En todos los casos, la política tuvo excesos y los llenaron de gente. Muchos empleados más que los necesarios. Incluso, pasaron a ser cotos de empleos de los funcionarios de turno.
Y eso es malo, muy malo como sociedad.
Lo malo también es cuando la única solución que se encuentra a esos excesos es la motosierra. No hay dudas que una buena Defensoría del Pueblo o un eficiente Tribunal de Cuentas le dan mayor jerarquía institucional a la provincia.
La opción no es si se desaparece o no. Lo lógico sería un gran acuerdo político para que sean eficientes. Que se deje de nombrar a parientes y militantes.
Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2090 del 23 de marzo de 2024
