¿Formación policial o subsidio encubierto?

Por Eduardo Quattropani (*) –

Confieso me parecería una medida necesaria, por adecuada a la realidad, que la formación policial quede definitiva e integralmente en cabeza del Instituto dependiente de la propia policía, organismo que, con todo beneplácito, hemos visto crear.

Es que, la formación policial, debe tener preponderantemente en vista su finalidad la que últimamente se ha desviado hacia una formación burocrática, administrativa y confesional que no hace vislumbrar un buen futuro para la institución policial.

Está claro el policía debe tener, también, una formación humanística, ética y en su caso una especialización, pero su carácter, su espíritu de pertenencia, su formación estrictamente policial jamás debería perderse.

Las cátedras deben responder a criterios de excelencia y al resultado de concursos de antecedentes y oposición y no al mero hecho de ser amigo o conocido de quienes manejan el sistema, o para peor, que las ocupen amigos de los amigos.

Creo que nadie, salvo fundamentalistas o interesados, podría seriamente discutir que, si la intención fuese, también incorporarlos a cátedras de una facultad, ella debería ser en una pública, incontables motivos lo exigen así.

El argumento que así se reclutan policías en otros países y que lo que sostengo es un retroceso, créanlo, es tal como querer vender “espejitos de colores”.

Tenemos el honor de trabajar codo a codo con la policía, les aseguro lo más valorable es su carácter, su formación policial, su sentido de pertenencia y su ductilidad, ya que para recitar doctrinas e invocar filósofos están otros.

Queda claro que el personal policial debe ser permanentemente capacitado, tan claro como que para ello no es necesario darle a alguien la exclusividad, de ser así sería como pagarle por ello a un intermediario, lo que siempre encarece el producto.

La formación policial, por último, no debe ser un “subsidio encubierto” para institución alguna.

Sé que posiblemente lo que digo moleste a la intermediación lo que no me parece importante frente al derecho de expresar mi pensamiento.

(*) Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan


Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2090 del 23 de marzo de 2024