La importancia del lenguaje claro en el Derecho

Por Julio Conte-Grand (*) –

El lenguaje claro es un movimiento que surgió en 1970 en Inglaterra, gracias a la lucha de consumidores para lograr entender lo que decían los gobiernos, los bancos y las instituciones en sus comunicaciones, también contra un estilo de redacción utilizado en el discurso jurídico y burocrático algunas veces incomprensible para legos.

El reclamo por parte de la ciudadanía dio lugar a la “Campaña para un inglés llano”, y con ella a que instituciones gubernamentales dictaran normas que regularan la necesidad de una redacción clara en sus documentos.

Este movimiento es un nuevo paradigma que implica la necesaria transformación del Estado en su forma de comunicación escrita y oral.

La Administración de Justicia en particular debe hacerse eco de este cambio cultural por el alto impacto que tienen las decisiones jurisdiccionales en la vida y el patrimonio de las personas. Una comunicación clara, transparente, con responsabilidad y empatía hacia los ciudadanos se traduce en un fortalecimiento del sistema democrático; las instituciones transparentes son más sólidas, confiables y legítimas.

En el marco de una sociedad democrática, la administración de justicia tiene el deber de motivar sus decisiones de forma clara y concreta, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a ser juzgada por razones fundadas en Derecho, así como también a comprender las decisiones adoptadas por los tribunales y a asegurar, en definitiva, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH) sostuvo que la motivación de las sentencias es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a la conclusión (CIDH, “Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador”, 21/11/2007).

En Argentina el movimiento comenzó a tener forma a partir de 2015, con la sanción de la Ley n° 27146 – Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal- que establece en su artículo 4 que “los jueces se expresarán en un lenguaje claro sencillo, que sea comprensible por todos los presentes, en particular el imputado y la víctima, e instarán a los demás intervinientes en el proceso a expresarse de igual modo”.

El uso de lenguaje claro en los entes estatales es un mandato legal sustentado por una variedad de normas nacionales e internacionales de rango constitucional (por ejemplo, art. 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos,).

En la provincia de Buenos Aires, este movimiento fue receptado por la Ley N.° 15.184, cuyo objetivo es garantizar el acceso de los ciudadanos a comprender la información pública mediante el uso de expresiones sencillas, párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios en los documentos de los tres Poderes.

Por otra parte, en 2022 se oficializó en Chile, por impulso de la Real Academia Española (RAE) la Red Panhispánica de Lenguaje Claro con dos propósitos esenciales: a) fomentar el lenguaje claro y accesible como fundamento de los valores democráticos y de la ciudadanía, y b) promover el compromiso de las autoridades para garantizar el derecho a entender de los ciudadanos en todos los ámbitos de la vida pública. La Procuración General de la provincia de Buenos Aires forma parte de esta Red desde el 4 de diciembre del 2023.

Asimismo, en el marco de su política de Gobierno Abierto y Transparencia Activa, la Procuración General ha asumido el compromiso de implementar el lenguaje claro en sus producciones escritas, Dictámenes y Resoluciones, con el objetivo de garantizar el Derecho Humano al acceso a la información pública.

A través del Centro de Información Jurídica del Ministerio Público bonaerense, la Procuración General encaró un proyecto desafiante y ambicioso en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires: la creación de un Manual de Lenguaje Claro y Estilo propio.

El Proyecto está pensado como una herramienta al servicio de la ciudadanía y de los agentes judiciales que permita garantizar el acceso a la justicia y la transparencia de los actos emanados de la Institución, a través de escritos que, sin perder rigor técnico, utilice expresiones sencillas, párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios que restrinjan el derecho a comprender de los ciudadanos.

El proyecto pretende establecer recomendaciones para un buen uso de la lengua, establecer una estructura y un diseño en sus escritos que favorezcan la comprensión del contenido. Es decir que, el destinatario pueda encontrar fácilmente lo que necesita, comprenda lo que encuentra y sepa qué hacer con esa información. Por ejemplo, interponer un recurso o presentarse a declarar.

La primera parte de la obra trata en profundidad el Lenguaje Claro, con un abordaje filosófico del movimiento y con recomendaciones aplicables a la confección de los escritos de la Institución. Apunta a una nueva forma de relacionamiento del Ministerio Público con la sociedad.

En la segunda parte del Manual se desarrollarán las normas de Estilo aplicables (reglas gramaticales, ortográficas y de la lengua) para obtener documentos homogéneos que faciliten la interpretación del contenido por parte de los destinatarios.

La idea de combinar al Lenguaje Claro con las normas de Estilo radica en entender que no son cuestiones separadas y escindibles, sino que se relacionan intrínsecamente, toda vez que ambos promueven un uso correcto y normado de la lengua, lo que deviene en claridad y sencillez en su redacción.

La elaboración e implementación del Manual cuenta con la colaboración de un comité académico de redacción de notables, en el ámbito jurídico y de la lengua, y con la participación de todas las áreas de la Procuración General y de agentes judiciales que ejerzan funciones en las tres ramas de gestión: Fiscal, Defensa y Tutelar, con la finalidad de afianzar la relación con el ciudadano, sea éste imputado, víctima o personas en situación de vulnerabilidad.

En conclusión, este proyecto tiene por finalidad: (i) realizar un cambio cultural en la Institución que tenga aún más en cuenta al justiciable; (ii) reducir la distancia entre los ciudadanos y la actividad que realiza la PG en defensa del Interés General; (iii) generar más confianza y legitimación en la justicia; (iv) fortalecer la Democracia; (v) reducir la discrecionalidad, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas.

Todo en el marco de la obligación institucional de incorporar un lenguaje claro al funcionamiento y comunicación de las distintas áreas del Ministerio Público bonaerense.

(*) Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Fuente: Publicado en Nuevo Mundo, edición 924 del viernes 10 de mayo de 2024