La Asociación de Inquilinos de San Juan presentó un amparo contra el DNU de Milei

La entidad local pidió la nulidad de la derogación de la Ley de Alquileres por «daño irreparable e histórico».

La Asociación de Inquilinos de San Juan presentó un recurso de amparo ante la Justicia contra la derogación de la ley que regula los alquileres contenida en el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei. El instrumento estipula que los contratos de locación queden liberados al acuerdo entre partes y entienden que pone en inferioridad de condiciones a la parte inquilina.

«Ante el daño irreparable e histórico que nos genera como sociedad la entrada en vigencia del DNU 70/23, firmado por el Presidente Javier Milei», la Asociación de Inquilinos de San Juan, con el patrocinio del Dr. Renzo Quero, abogado de la institución, respaldado por la Federación de Inquilinos Nacional, a través del abogado Andrés Bernal y de la Coordinadora de Abogados por el Interés Público (CAIP), presentaron el recurso en la Justicia Federal contra el DNU, para que se suspenda la derogación de la Ley de Alquileres.

Según señalan desde la organización local, les notificaron que la jueza Federal Eliana Ratta envió el amparo al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, con el argumento de que, cuando existe una acordada de la Corte que dice que si hay «un juicio en trámite, registrado con anterioridad y que presente una sustancial semejanza», el juez o jueza debe enviarlo a su colega que ya lo venía trabajando.

Entre los argumentos mencionan que el decreto introduce cambios en el Código Civil y, como resultado, establece que a partir de ahora el plazo de los contratos de alquiler de viviendas es acordado por las partes sin un mínimo legal y, si no se especifica el plazo en el contrato, será de dos años.

Las partes pueden pactar libremente el ajuste del valor de los alquileres utilizando cualquier índice, público o privado, en la misma moneda del contrato y se otorga libertad para la periodicidad de los ajustes, eliminando el mínimo semestral previo.

La libertad para acordar entre partes era esperada por el mercado inmobiliario, siempre reticente a cualquier tipo de regulación, que señaló a la ley como la causa en los últimos tres años de una retracción de la oferta de propiedades en alquiler y suba de precios.