El Gobierno lograría quórum para tratamiento de ley ómnibus, pero no su aprobación total

Este miércoles 31 de enero es la fecha designada para que finalice la primera convocatoria a sesiones extraordinarias dispuesta por el Gobierno.

Finalmente, el proyecto más ambicioso del Gobierno ingresará en el recinto para su votación con el quórum de los bloques cuya oposición es matizada. Después existen dos posturas sin grises: el PRO definió su acompañamiento total a La Libertad Avanza, que además suma votos de bancas reducidas; en el otro extremo, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se opondrán sin fisuras. 84 a favor y 104 en contra; en el medio todo es posible. El debate ingresará a su instancia institucional en el Congreso, donde cada ítem es susceptible de sufrir modificaciones por lo que se desconoce -hasta el momento mismo de la votación- qué redacción puede ser aprobada.

Hay cuatro bloques que destrabarán los artículos, porque si existe una certeza es que la ley ómnibus no saldrá en su totalidad. Son la Unión Cívica Radical (34 diputados), Hacemos Coalición Federal (23), Innovación Federal (9) e Independencia (3, peronismo tucumano): el oficialismo precisa de 45 de esos 69 votos para llegar a la cifra de 129 afirmativos y aprobar proyectos. Cada uno de estos partidos ya expresó en comunicados y en las firmas de los dictámenes, que sus bancadas no respaldarán homogéneamente la ley, mientras que el Gobierno subraya su intransigencia a modificar nuevos artículos.

Este miércoles cada bloque tuvo su reunión para definir estrategias para el debate, que nadie espera que dure menos de 24 horas. La centralidad del encuentro de La Libertad Avanza -donde sólo 2 de sus 38 diputados (Pablo Ansaloni y Carlos Zapata) tienen experiencia legislativa- pasó por una capacitación de detalles técnicos para saber en qué momento resulta imprescindible que estén presentes para votar. En tanto, la convocatoria del PRO contó con la presencia de Mauricio Macri, que respaldó las negociaciones de las últimas semanas. Por su parte, Unión por la Patria sostuvo una mirada de escepticismo respecto a la aprobación del proyecto y se planteó discutir cada apartado el tiempo que sea necesario.

La ley ómnibus transitó una serie de irregularidades que terminaron de alterar la composición del texto original, que pasó de 664 artículos a los 386 actuales. La remoción del capítulo fiscal anunciada por el ministro Luis Caputo se sumó a la eliminación de la reforma política. Además, se eliminaron algunas delegaciones extraordinarias (Defensa, Social, Sanitaria), pero la persistencia de la facultad tributaria o de seguridad provoca resistencias. Se quitó de la lista de empresas susceptibles de ser privatizadas a YPF, pero la presencia de otras 40 compañías estatales no cuenta con respaldo mayoritario.

Otras resistencias estarían en la reforma de la ley de hidrocarburos, la de biocombustibles, la del sector pesquero, la transferencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el endeudamiento estatal sin aprobación parlamentaria o las modificaciones sobre sostenibilidad de la cultura (si bien el INCAA mantiene su financiamiento, las alteraciones sobre la ley del Libro, la CONABIP y el FOMECA serían debatidos en el recinto). Los gobernadores juegan su propio escenario, limitando su respaldo a la posibilidad de coparticipación del impuesto PAÍS.

Algunas de las reformas que se concretarían son:

Declaración de emergencia al menos durante un año, con facultades excepcionales limitadas.

Cambios en el Código Penal: normativas que penalizan manifestaciones y flexibilizan la utilización de armas de las fuerzas de seguridad.

Educación: se establecería el arancelamiento de la educación universitaria para extranjeros no residentes. Dejaría de ser obligatoria la Ley Micaela para todos los trabajadores estatales.

Ambiente: Ley de Glaciares, Ley de Fuego y la Ley de Bosques sufrirían modificaciones, aunque no con las condiciones del proyecto original.

Eliminación del INADI, que dejará de ser un ente autárquico.

Reforma judicial: proceso de digitalización burocrática y archivística.

Derogación de la Ley de Defensa de la Competencia.

Eliminación de la concepción del turismo como «un derecho social y económico» de las personas y la obligación del Estado nacional de «elaborar obras públicas turísticas».

Eliminación de los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios.