Cacerolazo cultural en contra de las reformas de Javier Milei

Ante las reformas de la ley ómnibus que modifican los mecanismos de financiamiento, trabajadores de la cultura solicitaron no modificar el modelo autárquico que rige sus instituciones.

Poco antes del tratamiento de la ley ómnibus, el oficialismo ya reconoció que no sostendrá la intransigencia en los proyectos de reformas. Entre los sectores que resultarán afectados está el de la cultura.

En ese marco, el colectivo Unidxs por la Cultura, que nuclea a más de 100 asociaciones culturales y comunitarias del país, organizó el Cacerolazo Cultural Nacional, una movilización que alcanzó más de 50 ciudades. incluida San Juan, entre las 15 y las 22 horas este 10 de enero. A esta convocatoria se le sumaron una serie de documentos emitidos por organismos referentes en distintos géneros artísticos.

“Entendemos que existe una particularidad que nos afecta, que esencialmente está dentro de la ley ómnibus, pero nos oponemos en conjunto tanto a ese proyecto como al DNU”, explicó Javier Gabino, documentalista del colectivo Contraimagen y miembro fundador de Unidxs por la Cultura.

En San Juan, Andrea Terranova, referente del Instituto Nacional de Teatro, afirmó que el Gobierno nacional tiene por objetivo, quitarle los fondos para su sustentabilidad que no salen precisamente de los ciudadanos. «Nos quieren quitar fondos que no vienen del común de la gente», afirmó.

Dentro de las reformas que busca la ley ómnibus sobre el sector de la cultura, se propone la eliminación del Fondo Nacional de las Artes (FNA): un ente autárquico creado en 1958 y que cuenta con una planta de 120 trabajadores. El FNA se financia a través del dominio público pagante (DPP), que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor. Además, obtiene ingresos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Número 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos. A partir de allí, financia iniciativas artísticas que se consideran de interés cultural y social.

También se limitan los fondos del Instituto Nacional de la Música (INAMU), a los que “asigne la Secretaría de Cultura de la Nación u organismo que en el futuro la reemplace, dentro del Presupuesto General de la Nación”. A su vez, se le quita el aporte del ENACOM y se eliminan sus dos funciones más importantes: la protección de la música en vivo y el fomento de la producción fonográfica, la distribución y la difusión de las obras. Por otro lado, se elimina la obligatoriedad de contratar a un músico nacional en un espectáculo musical de un artista extranjero.

Otra particularidad de las reformas tiene que ver con la eliminación del Instituto Nacional de Teatro (INT): el director y productor Mariano Stolkiner, designado como presidente del INT por el propio Javier Milei, se enteró por los medios que no existiría más el organismo. Ante la consulta periodística, dijo: «Mi posición es que la ley 24.800 no se puede derogar. Una cosa es generar ajustes, otra es volarlo del mapa”. A su vez, se deroga la obligación de construir salas en donde se demuelan teatros y los estímulos económicos a los pasajes y fletes de artistas y productores.

Fuente: Con información de Ambito.com