Desde las inmobiliarias aplauden la idea de derogar la ley, pero los inquilinos están preocupados

Hay opiniones contrapuestas en San Juan entre los sectores que tienen que ver con la actividad.

La decisión del presidente electo, Javier Milei, de derogar la ley de alquileres generó distintos efectos en los sectores involucrados en San Juan. Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, Pablo Domínguez, analizó que será una medida favorable “que las partes acuerden libremente las actualizaciones”. Por el lado de los locatarios, Víctor Bazán sostuvo que “no es positivo que la gente se quede sin una ley porque se va a generar más especulación”.

Entre los múltiples anuncios económicos que hizo Javier Milei el lunes por la mañana confirmó su intención de derogar la ley de alquileres, que fue sancionada hace poco más de un mes por el Congreso.

«La ley de alquileres hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Solo generó daños esa ley. Se podrá pactar en cualquier moneda. La libertad monetaria es parte de lo que queremos avanzar», anunció el presidente electo el lunes en diálogo con radio Mitre.

La modificación de la ley de alquileres que el Congreso aprobó el 11 de octubre estiró la vigencia de los contratos de dos a tres años y estableció una actualización cada seis meses en lugar de un único aumento anual. Además, los incrementos ya no serían por el Índice de Precios sino por el coeficiente «Casa Propia», que toma el menor indicador entre la variación salarial promedio del último año y la inflación promedio del mismo período.

En San Juan, Domínguez, desde el sector inmobiliario, opinó que “la no intervención del Estado en los contratos privados, siempre dijimos que era positivo. Después veremos cómo se lo implementa, de qué manera, y queremos ser cautos en esto”.

Sobre pactar los contratos en otra moneda, el dirigente expresó sus reservas. “Creo que primero se debería formalizar cómo conseguir los dólares. Si hoy se implementa la medida directamente en la situación actual como estamos, no es positivo porque siempre que queremos conseguir dólares debemos acudir a un mercado informal en donde las cotizaciones varían constantemente. Y los sueldos son en pesos, con lo que se dificultaría el alquiler, tanto para inquilinos como para propietarios”. Y agregó que “dolarizar las unidades de acceso a la clase media, es muy difícil. Veremos más adelante con las medidas de dolarización que se pretenden implementar”.

En San Juan, la mayoría de las operaciones de compra-venta de inmuebles y de terrenos ya se vienen pactando en dólares y, aunque no se paguen con esa moneda, se tiene en cuenta el valor del dólar paralelo a la hora de pactar las transacciones. No sucede lo mismo con los alquileres, que se siguen pactando en pesos.

Muy preocupado por la posible derogación de la norma, Bazán, de la Asociación Civil de Locatarios de San Juan, expresó que “lo primero que hay que decir es que un propietario y un inquilino no están en igualdad de condiciones y si no hay una ley protectora que diga medianamente lo que deben cumplir desde ambas partes, no es lo mismo”. Y puso de ejemplo la relación entre el empleador y el empleado. “Si uno tiene una ley que proteja al trabajador, el patrón no va a intentar que trabaje más de la cuenta”, manifestó.

Más adelante expresó que “si no tenés un ordenamiento jurídico que te diga cuánto pagar, en qué índice, o cuántos años vas a tener el contrato de alquiler, lo que va a suceder es una imposición del propietario hacia el inquilino que no va a tener otra manera de acceder porque no se trata de un kilo de azúcar, es una vivienda”.

Sobre la posibilidad de pactar los contratos en dólares, opinó que “el inquilino no tiene cómo acceder a dólares, de casualidad puede llegar a comer hasta fin de mes. Entonces, pactar las operaciones en una moneda que ni siquiera sabés cómo se ajusta no va a estar bueno”.

Terminó diciendo que “toda esta situación lo que va a generar es más especulación, porque los propietarios no van a querer alquilar. Incluso puede suceder que los contratos que se estaban por firmar no se firmen”.

Referentes del sector inmobiliario señalan que “si se derogara la ley sería una muy buena noticia para el mercado en general, aunque los efectos no serían inmediatos de todas formas. El problema es que la probabilidad de que eso sea efectivamente lo que pase es prácticamente cero. No hay un consenso político para la derogación”.

Desde el sector indican que, si la ley fuera derogada el efecto será hacia adelante, es decir que no afectará a los contratos que ya se firmaron, sino que impactará sobre los nuevos. Y si los cambios se dan en la tónica que predica Milei, la ausencia de la ley permitiría pactar contaros en dólares, algo que ya está ocurriendo de hecho con el mercado para la compra-venta de inmuebles.