Hay 9 dirigentes sociales en la mira por sospechas de aprietes y venta de mercadería

Es por la investigación nacional por presunta extorsión a beneficiarios de planes asistenciales.

En el marco de una investigación nacional por presunta extorsión a beneficiarios de planes asistenciales, la Justicia Federal de San Juan tiene en la mira a 9 dirigentes sospechados de aprietes a los beneficiarios y por la presunta venta de la mercadería que recibían del Estado nacional. Los que están siendo investigados en una causa que lleva adelante el juez federal Leopoldo Rago Gallo, por pedido del fiscal Francisco Maldonado, son Mauricio Chanquía, Alejandro Ganyitano, Abel Peralta, Mauro Godoy, Ailen Olivares, Alberto Agüero, Nadia Fonzalida, Walter Montivero y Rodrigo Aballay, según informaron fuentes calificadas.

Según publica el portal 0264 Noticias, los implicados fueron mencionados como integrantes de las organizaciones Barrios De Pie, Polo Obrero, Unidad Popular, Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Federación de Cooperativas de Trabajo René Salamanca y la CTA San Juan, aunque sin identificar a cuál de las ramas de dicha central sindical pertenecen.

En la investigación judicial también aparece una acusación contra una organización, que recibía bolsones de mercadería del Estado y que los vendían entre sus afiliados a 5 mil pesos.

Según lo que ha trascendido, el fiscal Maldonado pidió que se abriera la causa y solicitó a la Secretaría de Trabajo de la Nación un informe con la cantidad de planes Potenciar Trabajo que son administrados por las agrupaciones que están bajo la lupa. Se trata del principal plan social que está en la mira, no solo en San Juan, sino en todo el país, al punto que la gestión libertaria de Javier Milei le dio de baja, eliminó la intermediación de las organizaciones sociales y puso en marcha dos programas bajo el manejo del Estado.

A nivel nacional la causa se disparó luego de que el Gobiernol habilitara la línea 134 para recibir denuncias, inclusive anónimas, de todo aquel poseedor de un plan social que recibiere alguna presión de movimientos piqueteros de participar en marchas y, en el caso de que no lo hicieren, sufrieran la extorsión de perder el beneficio.

En el correlato local, los denunciantes mencionaron a los referentes de los movimientos, por lo que la Justicia deberá determinar si tuvieron o no responsabilidad en los delitos de amenazas agravadas (obligar a otro a hacer algo  contra su voluntad) y extorsión, tal cual solicitó Maldonado en su requerimiento de instrucción, resaltaron las fuentes.

Una de esas acusaciones remarcó que el beneficiario pertenece a Barrios de Pie, quien explicó que estaban obligando a los miembros de la agrupación a ir a las marchas que se avecinaban y que se les iba a quitar el Potenciar Trabajo si no lo hacían. El denunciante señaló como referente a Mauricio Chanquía.