Lo jurisdiccional, el Ministerio Público y lo administrativo

Por Eduardo Quattropani (*) –

En nombre de facilitarle las tareas a los jueces se viene instalando en algunos poderes judiciales una marcada supremacía de quienes manejan el aparato administrativo por sobre aquellos, desnaturalizando todo el sistema y sometiendo, nada más ni nada menos, que a la magistratura a un señorío inadmisible, antinatural, corrompiendo la administración de justicia.

Secretarios Letrados, que ya no se llaman así, de modo tal de no depender de los jueces ni ser de su confianza, sino que ahora se los denomina asistentes, asesores, referentes, administradores, o de cualquier otro modo, pues lo importante es que en los hechos se referencien con algún «gran administrador» que conoce las causas antes y mejor que los magistrados.

Para peor, ni el “gran administrador” ni sus amigos delegados, por lo general, tienen idea del Derecho ni formación jurídica alguna, pero, su poderío radica en aparentar representar a la autoridad, o en casos, comportarse como tal, y así manejar el uso de los derechos de los jueces y hasta decidir sobre la provisión o no de recursos humanos y materiales.

Está claro, de común, ninguno de ellos litigó jamás, por lo que no tienen idea ni de lo adentro ni de lo afuera.

Dentro de ese desbarajuste y pérdida de conceptos, de frecuente, se cae en un destrato a los jueces, atreviéndose a hacer juicios de valor sobre estos e indisponiéndolos con las autoridades,

y hasta en una escalada de desubicación, pretenden llevar la voz cantante en reuniones de magistrados y dar lecciones sobre el manejo de legajos o de Derecho Procesal, que no entenderían ni con dibujitos en formato de historietas.

Lo que digo es a título de prevención para que no ocurra en nuestro Poder Judicial cosa semejante, pues de verificarse sería mejor cerrarlo, pues se habría desnaturalizado su funcionamiento.

En cuanto al Ministerio Público Fiscal y Tutelar eso no ocurrirá ni por asomo, pues a nadie le está permitido “salirse de órbita”; nadie puede tener duda alguna de quién ejerce la autoridad administrativa y quién decide en ese campo, tampoco del respeto por la función de Fiscales, Asesores, y colaboradores de estos.

Reafirmo, hay que evitar caer en ese estado de cosas, es deber de todos, nada mejor para ello que, en su caso, denunciar públicamente los hechos y los personajes.

Alguna vez dije, que si ello ocurriese, sería muy sanadora la rebelión de los Jueces. Estaríamos de su lado.

(*) Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan


Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2093 del 13 de abril de 2024