Un desencuentro que amenaza el derecho a la educación

“El desarrollo profesional es prioritario para mejorar la calidad educativa en todos sus aspectos, como también, para fortalecer las capacidades técnicas y continuar el trabajo con motivación”.

Por María Eugenia Gutiérrez

Para poder contar con políticas educativas tiene que existir una organización que permita su implementación exitosa, estamos pensando en equipos técnicos capacitados, una estructura organizativa, normas y procedimientos para el desarrollo de las tareas, espacio físico acorde, equipamiento y, por supuesto, recursos presupuestarios. Todo esto incluye la formación docente, donde la modalidad de trabajo, como en otros aspectos importantes de la Educación, y el liderazgo debieran ser compartido, donde todas las voces constituyen una puesta en valor que señalar. De igual manera, cuando se invita a los docentes a la reflexión de sus propias prácticas, en los diseños y desarrollos de las políticas, deberíamos someterlas a este mismo análisis, ya que en las dinámicas de intercambio es muy importante la participación activa.

El desarrollo profesional es prioritario para mejorar la calidad educativa en todos sus aspectos, como también, para fortalecer las capacidades técnicas y continuar el trabajo con motivación.

La llegada de las decisiones en lo ateniente a política educativa, en la mayoría de los casos es muy buena, comprometida y profesional por parte de los docentes, esto nos hace pensar en el gran potencial para lograr avances significativos en toda la Argentina en materia educativa. Es menester estar a la altura de este compromiso y aprovecharlo para dar mayor crédito a una de las profesiones más importante, exigida y compleja como es la formación de los ciudadanos.

Se considera entonces en la agenda la necesidad de evaluar la eficiencia y eficacia de la inversión del Estado en Educación, las decisiones en la formación docente su planificación, su calidad, de centrar la formación en la práctica, teniendo en cuenta la información que es la mejor evidencia de cómo están las cosas y por último documentar y evaluar las políticas. Éstas deben traducirse en mejoras en los aprendizajes, mayor igualdad y mayor potencia en el trabajo referente a la retención en las instituciones educativas, es ahí donde se mide la calidad de las políticas.

En estos tiempos y como eje central se denota la tarea gremial, conocemos que hay desfinanciamiento en Educación, pero por otro lado soñamos con una Educación de calidad, donde los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial y garantizando su derecho a la educación contando con los materiales necesarios y los docentes con salarios dignos. La justa remuneración a la labor docente también implica una inversión en defensa de los derechos que constituyen los pilares para una sociedad justa, pensante, con posibilidades de progreso y proyección a futuro.

Nuevamente el comienzo del ciclo lectivo emerge en un escenario agrietado, poniendo en riesgo un Sistema que es la herramienta fundamental para el desarrollo y un importante medio para un acceso igualitario a una mejor calidad de vida.

El Artículo 14 de la Constitución Nacional señala que “….la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado…” y desde este lugar insto, pido poner el mayor esfuerzo a funcionarios, educadores y sindicatos, a no cortar el diálogo, la sensatez y el respeto especialmente por los alumnos a encontrar el camino.

(*) Docente, exsecretaria de Educación

Fuente: Nuevo Mundo, edición 662 del 6 de marzo de 2023