Antes de fin de mes quieren hacer el juicio por los delitos en La Granja

La sospecha, según el fiscal coordinador Francisco Micheltorena, era que se quedaban con el dinero, que debía ir al Estado.

La investigación comenzó por una denuncia del entonces director del Centro de Educación Física (CEF) Nro. 20 de Santa Lucía, más conocido como La Granja, Walter Vicentela, por manejos irregulares por el alquiler de bienes y cobro por el uso de las instalaciones. En la mira están quienes se alternaron en la dirección y vicedirección de esa institución, los docentes Daniel Domingo Samat y Miguel Jofré, además de quien figuraba como presidente de la Asociación Cooperadora, Mario César Sanz. Y la sospecha, según el fiscal coordinador Francisco Micheltorena, era que se quedaban con el dinero, que debía ir al Estado.

Micheltorena explicó en el programa Hola San Juan, de CNN Radio, que la intención es iniciar el juicio antes de fin de mes. Y que pedirá una condena de 5 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a los acusados.

Las maniobras se habrían producido en el predio de 7,5 hectáreas de La Granja, en Santa Lucía, donde funcionan una pista de atletismo de alto rendimiento, cinco canchas de fútbol, otra de césped sintético para hockey y dos de básquet, una pileta, un gimnasio, todo en un predio para estacionar más de 80 vehículos.

Según la investigación fiscal, por ejemplo, en parte del período que está bajo la lupa, la cancha de hockey fue alquilada al menos 740 veces. Y los fraudes documentados, aunque no sobre el total, contra alumnos, clubes y otras entidades que pagaron por el uso de las instalaciones, llega a una cifra que supera el millón de pesos, aunque sin actualización, aclaró Micheltorena.

Según la acusación era tal el abuso, que hasta se aplicaban multas económicas a aquellas entidades que contrataban y no concurrían al turno.

“No tenían autorización ni acto administrativo expreso para hacerlo”, dijo el fiscal. Los acusados habían dado ese argumento en su defensa.

Por eso fue que desde la Fiscalía concluyeron que los tres sospechosos causaron un perjuicio contra el Estado provincial y también contra los estudiantes, los clubes y todo aquel que pagó un alquiler en ese lugar, con la falsa excusa de que lo recaudado era para volcarlo en el mantenimiento, conservación, obras y otros gastos necesarios en las instalaciones.

Pero, según la investigación, no era así, pues el propio Ministerio de Educación (a quien pertenece el predio) o la Secretaría de Deportes, con la que había un convenio, se encargaban de esos gastos y el mantenimiento del lugar. E incluso la Municipalidad de Santa Lucía, colaboraba con la limpieza en el predio.

Entre los acusados hay un dirigente de alto perfil, como Miguel Jofré, quien fue presidente de Sportivo Desamparados y también fue funcionario provincial, en la Dirección de Náutica.