Hay quejas de los abogados por las condiciones de ejercicio de la profesión

Desde el Foro de Abogados pidieron por nota a la Corte de Justicia de San Juan que se mejoren una serie de cuestiones.

Por una serie de problemas que sufren a diario los profesionales nucleados en el Foro de Abogados, pidieron por nota a la Corte de Justicia de San Juan que se mejoren una serie de cuestiones en los ámbitos Civil, de Familia, Laboral y de Paz para poder prestar un mejor servicio de justicia.

La nota, que lleva la firma del presidente del Foro, Franco Montes, está dirigida al presidente de la Corte, Marcelo Lima y comienza señalando que la institución se ha hecho eco de los reclamos de los matriculados.

Hablan de exponer “un somero y genérico detalle -no exhaustivo, en modo alguno- de los reclamos”, por lo que habían pedido incluso “una jornada del tipo conversatorio” que podría haber ayudado “a satisfacer, al menos parcialmente, algunas de las inquietudes”.

Entre esas inquietudes comienzan señalando que “los matriculados especialistas en los fueros apuntados nos transmiten su preocupación por la administrativización y despersonalización de los procesos, lo que se ve reflejado, entre otras cosas, en la emisión de providencias y resoluciones expedidas a partir de un modelo predeterminado; lo que se traduce en una cantidad de reposiciones, con las consecuencias que ello trae aparejado en el proceso”.

Después mencionan “las falencias en el funcionamiento de las Oficinas Judiciales, desde la descarga de documentos, su incorporación al expediente físico, digitalización; elevación y organización de la nube digital. Disparidad de criterios en las decisiones jurisdiccionales respecto a dicha problemática, que, entendemos, reflejan una falta de coordinación y sincronía entre las Oficinas Judiciales y los Magistrados; lo que se traduce en resoluciones en muchos casos contradictorias y reñidas con los parámetros de la lógica jurídica”.

Más adelante señalan que “luego del envío de las notificaciones electrónicas, los expedientes no son remitidos inmediatamente a la letra (menos aún en la totalidad de sus cuerpos físicos); generando pedidos de suspensión de términos como única herramienta procesal idónea a los fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio de sus clientes. En tal sentido, se nos indica que no se ha previsto un criterio único para salvaguardar la plena operatividad de aquella manda constitucional frente al déficit de digitalización del sistema”.

En otro párrafo de la nota destacan “el disconformismo reinante en relación al funcionamiento de la Oficina de Procesos Sucesorios y el ejercicio de la jurisdicción; traducido en la emisión de una cantidad de providencias cuestionables desde el punto de vista de su razonabilidad”.

Para tratar de mejorar estas cuestiones, los abogados se ponen “a disposición para comenzar una ronda de diálogo permanente en el entendimiento que la visión y experiencia de los litigantes contribuirá a la mejora del servicio de administración de Justicia”.