Definen si los acusados de Global Market van presos

La Justicia revisará este miércoles el pedido de prisión preventiva para los principales acusados y otras medidas clave en la causa por la presunta estafa millonaria.

La causa que investiga la presunta estafa vinculada a Global Market tendrá este miércoles una audiencia que podría marcar un punto de inflexión en el expediente. El juez de Impugnación Daniel Guillén deberá resolver si revoca el rechazo de una serie de medidas cautelares solicitadas por la querella, entre ellas la prisión preventiva de los principales imputados.

La audiencia está prevista para el próximo 10 de junio, a las 8 de la mañana, en Tribunales, y se desarrollará a partir de una apelación presentada por los representantes de los denunciantes.

El eje de la discusión estará centrado en la situación procesal de Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada, señalados como figuras centrales dentro de la investigación.

La prisión preventiva, en el centro del debate

Uno de los planteos más relevantes impulsados por la querella es que ambos acusados queden detenidos mientras avanza la investigación.

Para ello, el magistrado deberá evaluar si existen riesgos procesales concretos, como una eventual fuga o la posibilidad de entorpecer la producción de pruebas.

Si el juez considera acreditados esos riesgos, podría ordenar la prisión preventiva de los imputados, una decisión que modificaría significativamente el escenario judicial de la causa.

Buscan rastrear el destino de $4.000 millones

Además de los pedidos de detención, la querella insiste con una serie de medidas orientadas a profundizar la investigación patrimonial y tecnológica.

Entre ellas figura el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos para ser sometidos a peritajes informáticos.

También se solicitaron allanamientos y el secuestro de documentación considerada relevante para reconstruir el recorrido de los fondos que forman parte de la denuncia.

Según trascendió en el expediente, el monto bajo investigación rondaría los $4.000 millones, una cifra que convierte al caso en una de las causas por presuntas estafas más importantes que actualmente tramita la Justicia provincial.

Más de 47 denuncias

La investigación ya acumula más de 47 denuncias de presuntos damnificados que aseguran haber realizado inversiones o entregado fondos bajo promesas de rentabilidad que luego no se habrían concretado.

La magnitud económica del caso y la cantidad de personas involucradas explican la fuerte repercusión pública que ha generado la causa desde sus primeras actuaciones.

En paralelo, la investigación continúa avanzando para determinar responsabilidades y establecer si existió un esquema fraudulento detrás de las operaciones denunciadas.

Un punto de inflexión para la causa

La resolución que adopte Daniel Guillén no definirá la culpabilidad o inocencia de los acusados, pero sí tendrá un impacto directo sobre el rumbo de la investigación.

La posibilidad de ordenar detenciones, habilitar nuevos allanamientos o ampliar la recolección de pruebas podría acelerar un expediente que concentra la atención de decenas de denunciantes y que se ha convertido en uno de los casos judiciales de mayor repercusión en San Juan durante los últimos meses.