Buscan exigir exámenes psicológicos a entrenadores y profesores deportivos

Un proyecto del oficialismo propone hacer obligatorios los psicotécnicos para quienes trabajen en instituciones deportivas. La iniciativa apunta a proteger a menores, pero abre interrogantes sobre su financiamiento y aplicación.

La Legislatura de San Juan comenzó a analizar un proyecto de ley que podría modificar de manera significativa las condiciones para ejercer tareas de formación deportiva en la provincia. La iniciativa impulsada por el Interbloque Cambia San Juan propone que profesores, entrenadores y responsables de actividades deportivas deban aprobar exámenes psicotécnicos obligatorios para desempeñarse en instituciones públicas, privadas o mixtas.

La propuesta, presentada por legisladores del oficialismo, busca reformar la Ley Provincial del Deporte y fortalecer los controles de idoneidad sobre quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes en ámbitos deportivos.

Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es garantizar que las personas encargadas de la enseñanza y conducción de actividades físicas cuenten con las aptitudes psicológicas necesarias para desempeñar esas funciones y prevenir situaciones que puedan afectar la integridad física o emocional de los menores.

Qué cambiaría la ley

Actualmente, la normativa vigente exige títulos habilitantes para la enseñanza de la educación física y contempla controles de idoneidad en determinadas actividades deportivas. Sin embargo, no establece la obligatoriedad de evaluaciones psicológicas específicas.

La reforma incorpora un requisito mucho más amplio: todos los responsables de instituciones y actividades deportivas deberán someterse a pruebas psicotécnicas destinadas a detectar rasgos de personalidad incompatibles con la función.

El texto establece que los estudios deberán analizar posibles conductas antisociales, perversas o psicopáticas, y ser realizados por profesionales habilitados que integren un padrón especial confeccionado por el Colegio de Psicólogos de San Juan.

Además, las evaluaciones deberán cumplir criterios de objetividad, confiabilidad y respeto por la confidencialidad de los resultados.

El debate por los costos

Más allá del objetivo preventivo, la iniciativa abre un interrogante central: quién financiará los exámenes y cuánto costará implementar el sistema.

El proyecto no precisa si los estudios serán afrontados por el Estado, por las instituciones deportivas o por cada profesional alcanzado por la norma.

La cuestión no es menor. En San Juan existen cientos de clubes, academias, gimnasios, escuelas deportivas y asociaciones que reúnen a miles de profesores, entrenadores e instructores. La obligatoriedad de estas evaluaciones podría generar un nuevo costo para el sistema deportivo provincial.

Si la responsabilidad económica recae sobre los trabajadores, podría transformarse en una barrera de acceso al ejercicio profesional. Si es asumida por clubes o gimnasios, impactaría sobre estructuras que en muchos casos funcionan con recursos limitados. Y si el financiamiento corresponde al Estado, será necesario definir qué partidas presupuestarias sostendrán la medida.

Seguridad y prevención

Los impulsores de la iniciativa sostienen que el deporte debe ser un espacio seguro para el desarrollo de niños y adolescentes y que el Estado tiene la obligación de fortalecer los mecanismos de prevención.

En ese sentido, consideran que la evaluación psicológica constituye una herramienta complementaria a los antecedentes penales, los títulos habilitantes y los controles administrativos ya existentes.

La propuesta continuará ahora su tratamiento en las comisiones legislativas, donde deberá superar el debate técnico, jurídico y presupuestario. Más allá del consenso que genera la necesidad de proteger a los menores, el desafío será determinar cómo se implementará el sistema y, especialmente, de dónde surgirán los recursos para sostener una exigencia que alcanzaría a todo el universo de profesionales del deporte en San Juan.