Ya rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: no habrá acordada y la Legislatura se encargará

La Corte de Justicia decidió no avanzar con la acordada que buscaba adecuar de manera provisoria las normas provinciales al nuevo régimen nacional. La solución será impulsada por la Cámara de Diputados, que prevé tratar el tema en una sesión especial el próximo viernes 11.

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil obligó a San Juan a acelerar la búsqueda de una solución para compatibilizar la legislación nacional con las normas procesales que actualmente rigen en la provincia para los menores de edad.

En un principio, la Corte de Justicia había trabajado sobre un proyecto de acordada destinado a establecer, de manera transitoria, cómo deberían actuar jueces y fiscales frente al nuevo escenario. Sin embargo, la iniciativa generó diferencias dentro del máximo tribunal y también encontró reparos por parte del Ministerio Público Fiscal.

El principal cuestionamiento estuvo relacionado con la posibilidad de que una resolución administrativa de la Corte terminara modificando o complementando aspectos que corresponden al Poder Legislativo. Por ese motivo, finalmente se decidió no avanzar por esa vía y trasladar la discusión a la Cámara de Diputados.

La alternativa que se analiza consiste en sancionar una ley que permita compatibilizar provisoriamente el Régimen Penal Juvenil nacional con el actual Código Procesal Penal de Menores de San Juan. Para ello, está prevista una sesión especial de la Legislatura para el viernes 11 de septiembre.

La necesidad de resolver el conflicto se volvió urgente debido a que el nuevo régimen nacional comenzó a regir este sábado. La Ley 27.801, impulsada durante la gestión del presidente Javier Milei, fue aprobada por el Congreso el 27 de febrero y estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, que ocurrió el 9 de marzo.

El nuevo esquema incorpora un sistema acusatorio, en el que la investigación y distintas decisiones vinculadas con la persecución penal quedan principalmente en manos de los fiscales. El problema es que el procedimiento vigente en San Juan para el fuero de menores responde a un modelo diferente, con una mayor participación de los jueces en la conducción del proceso.

El borrador que había elaborado la Corte contemplaba otorgar a los magistrados algunas facultades propias de los fiscales, entre ellas la posibilidad de aplicar criterios de oportunidad, disponer mediaciones, establecer reparaciones del daño y avanzar con mecanismos alternativos como la probation.

Precisamente, esa transferencia de atribuciones fue uno de los puntos que generó reparos. El criterio de oportunidad, por ejemplo, permite decidir que una investigación penal no continúe bajo determinadas circunstancias y, dentro del sistema acusatorio, es una herramienta que corresponde al Ministerio Público Fiscal.

Según trascendió, el ministro Juan José Victoria manifestó sus diferencias con el proyecto elaborado dentro de la Corte. A esto se sumó la postura contraria del fiscal General, Guillermo Baigorrí. La posibilidad de que la acordada fuera cuestionada judicialmente por afectar derechos de los adolescentes involucrados también habría pesado en la decisión de descartarla.

Ahora, la salida provisoria quedará en manos de los diputados provinciales. La expectativa es que la ley permita atravesar el período de transición hasta que San Juan pueda contar con un Código Procesal Penal Juvenil completamente adaptado al nuevo régimen nacional.

Ese proceso definitivo demandará más tiempo y también recursos. La implementación de un sistema acusatorio para menores requerirá, entre otras cuestiones, ampliar la estructura judicial con nuevos cargos, incluyendo jueces, fiscales y defensores oficiales.

En paralelo, se espera que el proyecto del futuro Código Procesal Penal de Menores ingrese a la Cámara de Diputados para comenzar su tratamiento legislativo. Con esa reforma se buscará dejar atrás la incompatibilidad entre las normas nacionales y provinciales y establecer un procedimiento acorde al nuevo Régimen Penal Juvenil.

Mientras se concreta esa modificación integral, jueces y fiscales deberán afrontar la aplicación del nuevo sistema con las herramientas disponibles, procurando coordinar criterios para evitar que la transición genere perjuicios en los procesos ni afecte los derechos de los adolescentes involucrados.