Materia: “La cautelar evitó un apagón en COVIAR”

Una medida cautelar suspendió la resolución que eliminaba las contribuciones obligatorias al Plan Estratégico Vitivinícola. Desde COVIAR advierten que la decisión oficial había provocado un “apagón” financiero y paralizado programas en marcha.

La disputa entre el Gobierno nacional y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) sumó un nuevo capítulo judicial con impacto directo en toda la cadena vitivinícola. La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar presentada por la entidad y suspendió los efectos de la Resolución 55/2026, que había eliminado los aportes obligatorios destinados a financiar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI).

La decisión implica que, al menos por tres meses o hasta que exista una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión, las contribuciones volverán a ser obligatorias para los actores alcanzados por la Ley 25.849. Además, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) deberá retomar las tareas vinculadas a la recaudación y control de esos aportes.

El vicepresidente de COVIAR, Martín Materia, aseguró que la resolución nacional había generado un fuerte impacto en la institución. “La suspensión de los aportes produjo un verdadero apagón en la COVIAR. Muchos programas que estaban en ejecución quedaron paralizados y se perdió previsibilidad sobre los recursos disponibles”, afirmó durante una entrevista radial.

La controversia comenzó el 5 de mayo, cuando la Secretaría de Agricultura de la Nación dictó la Resolución 55/2026, declarando finalizado el PEVI y eliminando las contribuciones obligatorias que financian las acciones de promoción, desarrollo y planificación estratégica del sector. La medida fue celebrada por entidades como Bodegas de Argentina, que respaldaron la decisión oficial en línea con las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional.

Sin embargo, COVIAR sostuvo que una resolución administrativa no puede modificar los alcances de una institución creada por ley. Ese fue precisamente uno de los argumentos centrales del amparo judicial que derivó en la cautelar favorable. Según la entidad, la obligatoriedad de los aportes y el funcionamiento del PEVI están establecidos por una norma sancionada por el Congreso y no pueden ser alterados por una disposición de rango inferior.

La discusión también generó repercusiones en San Juan. Mientras sectores vinculados a la producción vitivinícola respaldaron la continuidad de COVIAR y sus programas estratégicos, la Cámara de Comercio Exterior de San Juan se manifestó públicamente a favor de que los aportes sean voluntarios y apoyó la decisión original del Gobierno nacional.

Materia reconoció que la situación abrió un debate interno y externo dentro de la cadena vitivinícola. Señaló que la entidad analiza posibles ajustes en su funcionamiento y admitió que el escenario continúa siendo incierto debido a las apelaciones ya presentadas por sectores privados y a la posibilidad de que el Estado nacional también recurra la medida.

El fallo judicial no resuelve el conflicto de fondo, pero modifica sustancialmente el escenario actual. Mientras la cautelar permanezca vigente, la estructura de financiamiento de COVIAR seguirá operativa y los programas contemplados en el PEVI podrán continuar su ejecución.

La batalla legal promete extenderse durante los próximos meses y se transformó en un caso testigo sobre los límites de las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional frente a organismos creados por ley. El desenlace no solo definirá el futuro institucional de COVIAR, sino también el esquema de financiamiento de una de las principales economías regionales del país.