Ley Penal Juvenil: falta adecuar dónde alojar a los condenados

El nuevo régimen ya está vigente y permite aplicar penas de prisión a adolescentes desde los 14 años, pero San Juan todavía atraviesa una etapa de transición para adaptar su infraestructura. El Nazario Benavídez es el establecimiento previsto para los casos de privación de libertad y continúa bajo un proceso de adecuación.

La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil encontró a San Juan con un problema todavía sin resolver completamente: la provincia debe terminar de adecuar los espacios destinados a alojar a adolescentes que reciban penas privativas de libertad, mientras la nueva legislación nacional ya puede aplicarse a jóvenes desde los 14 años.

La situación adquirió actualidad con el caso de una adolescente de 16 años investigada por la muerte de su novio, Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19, en Chimbas. Tras quedar bajo la órbita de la Justicia Penal de la Niñez y Adolescencia, la joven fue trasladada al Centro de Admisión y Derivación de Santa Lucía, donde permanece bajo custodia.

Ese establecimiento, sin embargo, funciona como un espacio de contención transitoria para adolescentes en conflicto con la ley penal mientras la Justicia resuelve qué medidas adoptar. En el caso de la joven, fuentes judiciales señalaron que permanece separada de los demás adolescentes y con vigilancia policial femenina.

El problema de fondo había sido advertido meses antes de la entrada en vigencia de la reforma. En junio, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, reconoció públicamente que la provincia no contaba entonces con un lugar adecuado para alojar a menores condenados bajo las exigencias del nuevo régimen.

La Ley Nacional 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, cambió sustancialmente el escenario. Además de establecer la responsabilidad penal desde los 14 años, contempla penas privativas de libertad de hasta 15 años y exige que, cuando corresponda el encierro, los adolescentes sean alojados en establecimientos específicos y separados de los adultos.

Por esa razón, los menores no pueden ser enviados al Servicio Penitenciario Provincial junto con la población carcelaria adulta. El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, confirmó que los adolescentes deberán permanecer en dispositivos diferenciados, mientras que la decisión sobre su alojamiento corresponde a la Justicia.

El establecimiento elegido para responder a esa necesidad es el Instituto Nazario Benavídez, en Zonda, que ya funcionaba con adolescentes involucrados en delitos graves y se encuentra bajo un proceso de remodelación y adaptación.

El desafío no pasa solamente por disponer de camas. La nueva legislación exige diferenciar a los adolescentes según edad y situación procesal, por lo que deben contemplarse separaciones entre quienes se encuentran detenidos preventivamente y quienes ya recibieron una condena.

Antes de la puesta en marcha de la reforma, el Nazario Benavídez tenía una utilización relativamente reducida. Según datos judiciales publicados por 0264Noticias, durante 2025 hubo casi 900 jóvenes imputados por delitos, pero solamente 20 pasaron por el instituto, con un promedio simultáneo de cinco o seis alojados.

La nueva ley puede modificar esa dinámica. Jueces del fuero estimaron previamente que el número de expedientes podría crecer alrededor de 35%, principalmente porque la responsabilidad penal comienza ahora a los 14 años y porque el nuevo régimen amplía los hechos que deben ser investigados.

Las obras realizadas en el Nazario contemplan la recuperación de su edificio histórico y una casa residencial con capacidad prevista para 20 personas, además de aulas, dependencias administrativas, área sanitaria y espacios para entrevistas de los adolescentes con jueces y defensores.

La infraestructura es sólo una parte de la transición. San Juan tampoco tiene todavía implementado el esquema procesal definitivo previsto para el nuevo régimen. La provincia avanzó con una normativa transitoria mientras prepara un Código Procesal Penal Juvenil que deberá introducir un sistema acusatorio especializado.

Ese cambio requerirá nuevos jueces, fiscales, defensores, asesores y personal especializado, además de infraestructura propia. Olivares Yapur anticipó que la implementación completa demandará tiempo y consideró probable que el nuevo código procesal no llegue a estar operativo durante 2026.

Así, la provincia enfrenta una transición en dos frentes: adaptar su Justicia al nuevo procedimiento y completar los establecimientos donde deberán cumplirse las medidas de privación de libertad.

El primer caso de fuerte repercusión pública bajo el nuevo régimen dejó esa situación a la vista. Mientras los dispositivos existentes permiten resolver alojamientos transitorios, San Juan deberá completar la adecuación del Nazario Benavídez y definir el sistema definitivo antes de que una eventual mayor cantidad de causas ponga a prueba la capacidad actual.