Los denunciantes de Global Market piden la detención de los responsables

El abogado Marcelo Arancibia advirtió en “De Sobremesa” que el caso Global Market podría convertirse en la mayor estafa económica de la historia reciente de San Juan.

La presunta estafa financiera vinculada a las firmas Global Market y GMI comenzó a escalar en dimensión judicial y económica en San Juan, luego de que el abogado Marcelo Arancibia afirmara que podría tratarse de “la mayor estafa financiera de los últimos tiempos en la provincia”.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa “De Sobremesa”, donde el letrado aseguró que las pérdidas denunciadas inicialmente rondaban entre 5 y 6 millones de dólares, aunque advirtió que el monto podría incrementarse significativamente en los próximos días.

“Es muy seguro que esa suma se incremente porque todavía hay contratos y operatorias que no vencieron”, sostuvo Arancibia.

Según explicó, las empresas denunciadas operaban habilitadas por el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, ofreciendo inversiones vinculadas a mutuos financieros y cuentas comitentes dentro del mercado bursátil.

La hipótesis principal de los denunciantes apunta a una posible estafa piramidal bajo esquema Ponzi, donde se ofrecían tasas de interés superiores a las del mercado hasta que el sistema dejó de poder responder a los vencimientos y retiros de capital.

Arancibia detalló además presuntas maniobras con títulos, bonos y compra de cheques electrónicos a través de una operadora bursátil de Rosario, situación que habría provocado el vaciamiento de cuentas de inversores.

“Personas que tenían inversiones de 100 o 200 millones de pesos, o 500 mil dólares, vieron cómo sus cuentas quedaban prácticamente en cero”, aseguró.

El abogado también cuestionó la explicación brindada por las empresas para justificar el incumplimiento de pagos. Según indicó, los responsables atribuyeron la crisis a la falta de aprobación ambiental para un proyecto minero de cuarzo y calera en San Juan.

“Me pareció una excusa absurda”, afirmó el letrado, quien comparó el caso con el esquema utilizado por Leonardo Cositorto y la causa Generación Zoe.

En paralelo, este jueves se realizará una audiencia clave para definir si la investigación continuará en la Justicia provincial o pasará al fuero federal.

La discusión gira en torno a si se trata de una estafa común o de delitos vinculados al mercado financiero y de capitales bajo regulación nacional.

Arancibia reclamó además medidas urgentes para evitar la desaparición de pruebas y activos.

“Hay que congelar cuentas, inhibir bienes y evitar que el dinero desaparezca”, sostuvo.

Entre los señalados aparecen empresarios identificados con los apellidos Ahumada y Cañadas, vinculados a las firmas denunciadas. La defensa de los inversores pidió incluso detenciones preventivas y citaciones para empleados administrativos y contadores relacionados con las operaciones investigadas.

El caso ya genera fuerte preocupación dentro del ámbito financiero y judicial sanjuanino, tanto por el volumen económico comprometido como por la cantidad de posibles damnificados.

La evolución de la causa podría convertirse en uno de los procesos penales económicos más relevantes de la provincia y poner bajo la lupa los controles sobre empresas habilitadas para operar dentro del sistema financiero argentino.