La Rioja propone compartir la explotación minera con San Juan y crece la tensión por los proyectos fronterizos

El gobierno riojano planteó avanzar en un esquema conjunto de explotación y servicios sobre los emprendimientos mineros ubicados en la zona limítrofe. Además, advirtió sobre posibles acciones judiciales por presuntas irregularidades ambientales.

La disputa entre San Juan y La Rioja por los proyectos mineros emplazados en áreas cercanas al límite interprovincial volvió a escalar este jueves, luego de que el ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez, planteara la necesidad de crear una “zona común” para administrar de manera compartida parte de la actividad minera.

El funcionario sostuvo que ambas provincias deberán llegar a un acuerdo debido a que, según expresó, parte de los recursos y de la infraestructura utilizada por las compañías mineras se encuentran dentro del territorio riojano. En ese sentido, remarcó que la intención no es perjudicar el desarrollo minero sanjuanino, sino reclamar participación sobre sectores que consideran propios.

Pérez puso como ejemplo el uso de la Ruta 153, que atraviesa la localidad de Guandacol, en La Rioja, y que actualmente sirve de acceso a proyectos mineros ubicados en San Juan, entre ellos los vinculados al Distrito Vicuña.

La iniciativa impulsada por La Rioja apunta a establecer un esquema de cooperación económica y operativa similar al que aplican Salta y Catamarca en el Salar del Hombre Muerto, donde ambas provincias comparten el desarrollo de proyectos vinculados al litio.

La nueva controversia se profundizó luego de que el funcionario riojano afirmara que el proyecto Lunahuasi, perteneciente al Grupo Lundin, se encuentra bajo el área del Glaciar El Potro, territorio que La Rioja considera propio. A partir de esa postura, insistió en que tanto los recursos minerales como los posibles impactos ambientales deberían quedar bajo jurisdicción riojana.

Las declaraciones reactivaron el conflicto limítrofe que ya había tomado protagonismo semanas atrás, cuando el gobernador riojano Ricardo Quintela cuestionó públicamente la situación y mantuvo reuniones con directivos de la empresa Vicuña para intentar encauzar el tema.

En esta oportunidad, Pérez también apuntó contra el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, al señalar que la provincia vecina debe reconocer que parte de los recursos y sus eventuales consecuencias ambientales pertenecen a La Rioja.

Desde el Gobierno de San Juan evitaron profundizar la polémica y señalaron que no consideran necesario responder a las nuevas declaraciones. En paralelo, fuentes del sector minero indicaron que la firma Lundin tampoco realizará comentarios públicos sobre las acusaciones difundidas.

Lejos de bajar el tono, el funcionario riojano reiteró este viernes que los límites políticos no siempre coinciden con la ubicación geológica de los yacimientos y anticipó que podrían avanzar con medidas judiciales. Según explicó, comenzaron a intimar a empresas mineras por presuntas faltas de informes de impacto ambiental vinculados a las actividades desarrolladas en la zona limítrofe.

Además, advirtió que podrían solicitar la paralización de obras, caminos y tareas operativas hasta que se regularice la situación ambiental de los proyectos involucrados.