La esposa del presidente de España será juzgada por malversación y tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado dio por terminada la etapa de investigación y resolvió elevar el caso a la Audiencia Provincial de Madrid. La esposa de Pedro Sánchez será juzgada junto a su asesora, Cristina Álvarez, aunque ambas afrontan acusaciones diferentes.

El juez Juan Carlos Peinado resolvió este lunes que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, deberá afrontar un juicio oral ante un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La decisión también alcanza a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, aunque en su caso la imputación está vinculada únicamente con una presunta malversación.

Con esta resolución, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid cerró formalmente la investigación y remitió el expediente a la Audiencia Provincial de Madrid, organismo que deberá continuar con los trámites correspondientes y establecer la fecha del futuro debate oral.

La causa comenzó hace más de dos años a partir de una denuncia presentada por Manos Limpias y atravesó distintas instancias judiciales. Durante la investigación, el expediente llegó a contemplar otros posibles delitos, pero finalmente la causa quedó circunscripta a tráfico de influencias y malversación para Gómez. En el caso de Álvarez, la acusación se mantiene exclusivamente por malversación.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la participación de Gómez como codirectora de una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid y con el supuesto uso de recursos públicos vinculados a esa actividad. También se analiza si su asesora habría desarrollado tareas relacionadas con actividades privadas de Gómez mientras percibía una remuneración proveniente de fondos públicos.

El juez sostiene que existirían elementos para llevar a juicio a Gómez por su presunta intervención en maniobras vinculadas con tráfico de influencias y por el supuesto uso irregular de recursos públicos. En cuanto a Álvarez, Peinado considera que habría elementos para atribuirle una presunta participación necesaria en la malversación relacionada con un software desarrollado en el ámbito universitario.

La acusación popular encabezada por Hazte Oír es, según las actuaciones difundidas, la que solicita las penas más elevadas: 13 años de prisión para Gómez y seis años para Álvarez. La Fiscalía, en cambio, mantiene su postura de solicitar la absolución, mientras que las defensas de ambas también sostienen que no corresponde una condena.

El procedimiento tendrá una particularidad: la decisión sobre la culpabilidad quedará en manos de un jurado popular integrado por nueve ciudadanos, bajo la presidencia de un magistrado. El jurado deberá emitir un veredicto sobre los hechos sometidos a debate, mientras que la sentencia será dictada por el juez que presida el juicio. La legislación española contempla expresamente la intervención del Tribunal del Jurado en causas por tráfico de influencias y malversación.

La resolución de Peinado se produce después de la audiencia preliminar celebrada el pasado 8 de septiembre. En aquella instancia, las defensas y la Fiscalía habían planteado el archivo de las actuaciones, mientras que la acusación popular sostuvo su pedido para que el caso avanzara hacia un juicio oral.

Además, el magistrado dispuso que se investigue la situación económica de Gómez mediante el Punto Neutro Judicial y solicitó a la Agencia Tributaria sus cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una medida relacionada con las eventuales responsabilidades económicas que pudieran surgir del proceso. No obstante, no estableció nuevas medidas cautelares patrimoniales contra las acusadas.

El expediente pasará ahora a la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá avanzar con la preparación del juicio. La apertura de esta nueva etapa marca el cierre de una investigación que durante más de dos años generó numerosos cruces entre las partes y distintas intervenciones de tribunales superiores, hasta quedar delimitada en los delitos que finalmente serán sometidos a consideración del jurado.