Dos policías irán a juicio por el ataque a un joven que recibió 16 perdigones en Chimbas

La Fiscalía acusó formalmente a los cabos Fabián Bernal y Alejandro Meza por su presunta intervención en un procedimiento ocurrido en marzo de 2025. El juez rechazó un pedido de la defensa y habilitó la continuidad del proceso hacia el juicio oral.

La Justicia sanjuanina dio un nuevo paso en la investigación que involucra a dos efectivos policiales acusados por un violento procedimiento ocurrido en Chimbas, en el que un joven de 20 años terminó herido tras recibir 16 impactos de perdigones de goma.

Este jueves se realizó la audiencia de control de acusación contra el cabo Fabián Bernal y el cabo primero Alejandro Meza. La instancia estuvo encabezada por el juez Rodolfo Javier Figuerola, con la participación del fiscal Nicolás Schiattino en representación del Ministerio Público Fiscal. La defensa de los uniformados estuvo a cargo de los abogados María Rosa Sánchez y Gustavo Sánchez.

El episodio que originó la causa ocurrió durante la madrugada del 17 de marzo de 2025, cerca de la 1:15, en la zona de Ruta 40 y Benavidez. Según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, Gustavo Agustín López Morales circulaba en motocicleta cuando fue interceptado por integrantes de la Motorizada N.º 1.

La investigación sostiene que los policías habrían iniciado una persecución y efectuado disparos con munición antitumulto mientras el joven continuaba desplazándose en su moto. Como consecuencia del procedimiento, López Morales sufrió 16 impactos de perdigones: 14 de ellos en la espalda y dos en el brazo derecho.

Las lesiones fueron constatadas poco después del episodio. Personal del servicio de emergencias 107 se trasladó hasta el domicilio del joven y verificó las heridas que presentaba como consecuencia de los disparos.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los cargos atribuidos a cada uno de los efectivos y precisó las penas que pretende obtener en caso de una eventual condena.

Para Bernal, el Ministerio Público Fiscal solicitará una pena de tres años de prisión condicional, además del doble de tiempo de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La acusación contempla los delitos de abuso de armas agravado, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el caso de Meza, la pretensión fiscal es de dos años de prisión condicional, junto con la correspondiente inhabilitación para desempeñar funciones públicas, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Antes de que comenzara formalmente el control de acusación, los abogados defensores intentaron postergar la audiencia. Argumentaron que habían solicitado al Ministerio Público diferentes elementos y medidas vinculadas con la causa y que todavía no habían recibido respuestas. Por ese motivo, solicitaron diez días adicionales para revisar la prueba requerida.

La Fiscalía se opuso al planteo y aseguró que la documentación y los elementos solicitados ya habían sido puestos a disposición de los defensores. También recordó que durante instancias anteriores se habían concedido extensiones de plazo para completar distintas medidas y avanzar con la investigación penal preparatoria.

En relación con una pericia de parte requerida por la defensa, el Ministerio Público aclaró además que su realización y posterior presentación debía quedar a cargo de los propios abogados y no de la Fiscalía.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez Rodolfo Javier Figuerola decidió rechazar el pedido de suspensión y dispuso que la audiencia continuara con el control de acusación.

Con esta resolución, el expediente avanza hacia una nueva etapa judicial y queda encaminado para llegar a un juicio oral y público, instancia en la que deberá determinarse si Bernal y Meza tuvieron responsabilidad penal en el procedimiento que terminó con López Morales herido por los disparos de perdigones.