La causa por la presunta estafa de Global Market suma incertidumbre por una disputa de competencia judicial

Mientras parte de las denuncias podrían regresar a la Justicia provincial, otros querellantes advierten que el conflicto entre fueros podría demorar la investigación durante meses o incluso años. La definición ahora está en manos de la Justicia Federal.

La investigación por la presunta estafa millonaria atribuida a la financiera Global Market atraviesa una etapa de fuerte incertidumbre luego de que el juez de Garantías de San Juan, Javier Figuerola, resolviera apartarse del caso y remitir el expediente a la Justicia Federal. La decisión abrió un debate entre los representantes legales de los damnificados respecto de cuál será finalmente el ámbito judicial encargado de avanzar con la pesquisa.

Una de las posturas fue expresada por la abogada Vanesa Laciar, quien representa a dos de los denunciantes. La letrada sostuvo que la Justicia Federal ya emitió una opinión preliminar al considerar que las presentaciones realizadas por sus clientes deben continuar siendo investigadas en la órbita provincial. En ese sentido, remarcó que se trata de una maniobra que encuadraría en una estafa común y que, por lo tanto, debería tramitarse en los tribunales sanjuaninos para evitar demoras que dificulten el seguimiento de los fondos involucrados.

La posición difiere de la planteada por el abogado querellante Marcelo Arancibia, quien advirtió sobre los riesgos que podría generar el conflicto de competencias. Según explicó, la decisión definitiva sobre la aceptación o rechazo de la causa no corresponde al fiscal federal, sino al juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien deberá resolver si asume o no la investigación en su totalidad.

Arancibia alertó que, en caso de que la Justicia Federal rechace intervenir y la Justicia provincial mantenga su postura, podría desencadenarse una contienda negativa de competencia. De ocurrir ese escenario, la resolución quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un proceso que podría extenderse considerablemente debido a la ausencia de plazos específicos para que el máximo tribunal se expida.

El abogado también manifestó su preocupación por la falta de medidas investigativas que, a su criterio, deberían haberse realizado antes del traslado del expediente. Entre ellas mencionó peritajes sobre dispositivos electrónicos, el análisis de documentación contable y allanamientos vinculados a la operatoria de la firma investigada.

La causa se centra en una presunta maniobra que habría afectado a decenas de inversores y que involucra movimientos financieros realizados a través de Rosario Valores S.A., entidad regulada por la Comisión Nacional de Valores. La hipótesis investigativa sostiene que fondos aportados por ahorristas fueron derivados mediante instrumentos denominados Pases No Garantizados hacia GMI Inversiones S.A., una empresa minera vinculada a los principales acusados, Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas.

Mientras los empresarios aseguran que buscarán mecanismos para restituir el dinero a los inversores, la falta de una definición sobre qué fuero llevará adelante la causa mantiene en suspenso el avance de una investigación que tiene en vilo a numerosos ahorristas sanjuaninos.