Global Market: la causa por la presunta megaestafa sigue frenada a la espera de una definición federal

El expediente, que ya reúne 47 denuncias y un perjuicio económico superior a los $3.000 millones, permanece sin avances mientras el juez Leopoldo Rago Gallo define qué fuero deberá investigarlo. Los damnificados reclaman una resolución luego de casi dos meses de incertidumbre.

La investigación contra Global Market, señalada por una presunta megaestafa que habría provocado pérdidas superiores a los $3.000 millones, continúa sin una definición judicial. El expediente llegó a la Justicia Federal luego de que el fuero provincial se declarara incompetente, pero hasta el momento no se resolvió si la investigación permanecerá en ese ámbito o deberá regresar a la Justicia de San Juan.

El encargado de determinar el futuro de la causa es el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien debe establecer si los hechos denunciados corresponden a la competencia federal. Mientras esa decisión no llegue, el expediente permanece prácticamente paralizado y los denunciantes aguardan avances concretos.

Desde las querellas manifestaron su malestar por la demora y atribuyeron la situación a la disputa de competencias entre ambos fueros. Según señalaron fuentes vinculadas a los denunciantes, el expediente permanece desde hace casi dos meses en manos del magistrado federal sin que exista todavía una resolución sobre su competencia.

En paralelo, la cantidad de personas que aseguran haber sido perjudicadas continúa creciendo. La investigación había comenzado con 23 denuncias reunidas por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, pero posteriormente el número trepó a 47 casos. El monto del perjuicio denunciado supera actualmente los $3.000 millones, aunque los investigadores no descartan que la cifra aumente si aparecen nuevos damnificados.

La dimensión económica del expediente volvió a quedar en evidencia tras la reciente sentencia en el denominado caso Branka Motors, una de las investigaciones por estafa más relevantes de los últimos meses en la provincia. En ese proceso, los responsables recibieron penas de cinco años de prisión efectiva y el perjuicio económico establecido rondó los $573 millones.

La comparación es utilizada por las querellas de Global Market para dimensionar el alcance que podría tener la maniobra investigada. De acuerdo con las denuncias acumuladas hasta ahora, el perjuicio económico sería más de cinco veces superior al registrado en Branka Motors, por lo que los denunciantes consideran que podría convertirse en uno de los mayores casos de estafa registrados en San Juan durante los últimos años.

A la investigación también se incorporaron nuevos testimonios de personas que aseguran haber confiado sus ahorros a la firma. Uno de los últimos casos corresponde a una mujer que había colocado US$5.000 aproximadamente un año y medio antes.

La denunciante se presentó el 3 de mayo en el antiguo local de la empresa, ubicado sobre calle Mendoza, antes de avenida Libertador, en Capital. Su intención era renovar la inversión, pero al llegar encontró las oficinas cerradas y sin actividad. Ante esa situación comenzó a buscar explicaciones y, a través de publicaciones periodísticas, tomó conocimiento de que la firma se encontraba bajo investigación por una presunta estafa.

La mujer también habría intentado contactar a personas vinculadas con la financiera, aunque no obtuvo respuestas. Finalmente, realizó la denuncia y su caso fue incorporado al expediente en el que figuran como principales investigados Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada.

La hipótesis que había planteado inicialmente la Fiscalía provincial sostiene que los sospechosos habrían recibido dinero de inversores bajo la promesa de realizar colocaciones consideradas seguras. Muchos de los clientes, según la investigación, tendrían perfiles conservadores y habrían confiado sus ahorros con la expectativa de obtener una rentabilidad sin asumir grandes riesgos.

Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de esos fondos podría haber sido transferida a compañías vinculadas con los propios acusados, entre ellas GMI Inversiones. Esas operaciones, de acuerdo con la hipótesis fiscal, podrían haberse realizado sin la autorización de los titulares del dinero.

El expediente terminó en la Justicia Federal después de que el juez de Garantías Javier Figuerola aceptara el planteo formulado por el fiscal Nicolás Alvo y resolviera que la Justicia provincial no era competente para continuar con el caso.

La decisión se fundamentó en la posibilidad de que los hechos investigados no se limitaran a una estafa tradicional y pudieran involucrar delitos de mayor complejidad, como lavado de activos, manipulación del mercado e intermediación financiera no autorizada, vinculados con el sistema económico y financiero nacional.

Posteriormente, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó los planteos realizados por abogados de algunos denunciantes y confirmó el traslado del expediente al fuero federal. En esa instancia, consideró que las querellas aún no estaban habilitadas para cuestionar la declaración de incompetencia debido a la etapa inicial en la que se encontraba el proceso.

Así, el futuro de la investigación depende ahora de una definición de la Justicia Federal. El juez Rago Gallo deberá determinar si asume el expediente o si considera que corresponde devolverlo a la Justicia provincial. Hasta que eso ocurra, una causa que ya acumula decenas de denunciantes y un perjuicio millonario continúa a la espera de una decisión que permita destrabar su avance.