Global Market: la causa está en la Justicia Federal y habría medidas urgentes

Tras el rechazo de una impugnación presentada por los querellantes, la definición sobre quién investigará la presunta estafa millonaria pasó al ámbito federal. La querella reclama acciones inmediatas para evitar la pérdida de pruebas y rastrear el dinero denunciado como desaparecido.

La investigación por la presunta estafa vinculada a la firma Global Market ingresó en una instancia decisiva luego de que la Justicia provincial ratificara su apartamiento del expediente. A partir de ahora, será el juez federal Leopoldo Rago Gallo quien deberá resolver si asume la competencia y continúa con la pesquisa o si, por el contrario, se genera un conflicto jurisdiccional que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La situación se definió luego de que el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazara los recursos presentados por algunos querellantes contra la decisión adoptada previamente por el juez de Garantías Rodolfo Figuerola, quien había declarado la incompetencia de la Justicia ordinaria para seguir interviniendo en el caso.

Aunque la discusión sobre la jurisdicción parece haber quedado cerrada en el ámbito provincial, la causa aún enfrenta incertidumbres. Uno de los abogados querellantes Marcelo Arancibia manifestó su preocupación por la falta de avances concretos en la recolección de pruebas y expresó su expectativa de que el magistrado federal disponga medidas urgentes para preservar evidencia clave.

Según sostuvo el letrado, durante los últimos meses no se realizaron procedimientos considerados fundamentales para la investigación, como allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos o requerimientos de documentación que permitan reconstruir el recorrido de los fondos involucrados en la maniobra denunciada.

En este sentido afirmó además que las restricciones patrimoniales y las prohibiciones de salida del país dictadas hasta el momento resultan insuficientes para esclarecer el destino del dinero. Consideró que una intervención temprana sobre teléfonos, computadoras y registros de operaciones financieras podría haber aportado información relevante sobre posibles responsables y movimientos de fondos.

La representante de los damnificados remarcó que, aun cuando un juez considere que no tiene competencia para continuar con una causa, cuenta con herramientas legales para ordenar medidas excepcionales destinadas a resguardar pruebas y evitar perjuicios irreparables.

La investigación se inició a partir de denuncias que estiman un perjuicio económico cercano a los 4.000 millones de pesos. Entre las personas señaladas en el expediente figuran Gustavo Omar Ahumada, sus dos hijos, Miguel Ángel Cañada y otras sociedades relacionadas con la operatoria financiera bajo análisis.

Desde la querella también se viene insistiendo con pedidos de allanamientos, secuestro de documentación y requerimientos de información a organismos de control y entidades vinculadas a las inversiones investigadas. Incluso solicitaron que se profundicen medidas respecto de familiares de los acusados, al considerar que podrían aportar elementos para determinar qué ocurrió con los fondos.

Con el expediente ya encaminado hacia la órbita federal, la decisión que adopte Rago Gallo será determinante para el futuro de la causa. Si acepta la competencia, la investigación podría retomar impulso; de lo contrario, el conflicto deberá resolverse en la Corte Suprema, un escenario que podría prolongar aún más los tiempos del proceso.