La causa del Acueducto Gran Tulum suma una demora judicial

La jueza Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio antes de resolver el pedido de Fiscalía para extender la investigación por otros 90 días hábiles. La decisión busca garantizar la participación de la defensa de dos ex titulares de OSSE que podrían quedar bajo investigación.

La investigación judicial por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo. La jueza de Garantías Mónica Lucero resolvió dictar un cuarto intermedio y postergar la definición sobre el pedido de la Fiscalía para extender por 90 días hábiles más la etapa investigativa.

La magistrada consideró que en la próxima audiencia deberá participar el abogado Nasser Uzair, defensor de los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, debido a que ambos podrían ser alcanzados por futuras medidas dentro de la causa.

De esta manera, la solicitud presentada por el Ministerio Público Fiscal quedó momentáneamente sin resolución, aunque fuentes judiciales aclararon que la decisión no afecta la validez del pedido de prórroga, que fue presentado dentro de los plazos procesales establecidos.

La audiencia originalmente había sido convocada para el lunes, pero fue reprogramada por cuestiones administrativas y finalmente se desarrolló este martes.

Una investigación en etapa decisiva

La prórroga solicitada por los fiscales resulta clave para el futuro de la causa. Si la jueza la autoriza, los investigadores contarán con 90 días hábiles adicionales para profundizar la recolección de pruebas y analizar la documentación incorporada al expediente.

Una vez agotado ese plazo, la Fiscalía deberá definir si avanza hacia la Investigación Penal Preparatoria (IPP) para formular imputaciones concretas o si, por el contrario, corresponde archivar o desestimar las actuaciones.

La investigación está a cargo de los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes trabajan junto a cuatro ayudantes fiscales designados especialmente por el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, debido al volumen y complejidad de la causa.

Las denuncias bajo análisis

El expediente se originó el 9 de diciembre de 2025, cuando el abogado Marcelo Arancibia presentó una denuncia para que se investigaran presuntas maniobras irregulares vinculadas a las contrataciones realizadas en torno a la construcción del Acueducto Gran Tulum.

La presentación apuntó a determinar posibles responsabilidades de funcionarios que integraron la gestión provincial entre 2019 y 2023, durante el gobierno de Sergio Uñac.

Entre los hechos denunciados figuran presuntos direccionamientos de licitaciones para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, vinculada al empresario Gustavo Monti, fallecido en febrero de este año. También se mencionan posibles irregularidades relacionadas con redeterminaciones de precios, pagos anticipados y decisiones administrativas adoptadas durante la ejecución de la obra.

En la ampliación de la denuncia, presentada en enero, Arancibia sostuvo que los hechos podrían encuadrarse provisoriamente en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, defraudación y violación de los deberes de funcionario público, entre otras figuras penales.

Una causa con impacto político

La investigación se transformó en uno de los expedientes de mayor sensibilidad política en la provincia debido a que analiza decisiones tomadas durante la gestión anterior en una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en San Juan durante los últimos años.

La próxima audiencia será determinante para conocer si la Fiscalía obtiene más tiempo para profundizar la investigación o si deberá avanzar hacia definiciones concretas sobre posibles imputaciones. Por ahora, la causa continúa abierta y la expectativa judicial está puesta en los próximos pasos que adopte la magistrada.