Juicio político a Lima: la comisión investigadora trabajará por 40 días para emitir dictamen

Los diputados que integran el cuerpo acordaron reunirse semanalmente para analizar la denuncia presentada contra el ministro de la Corte de Justicia. Finalizada la investigación, deberán definir si recomiendan que el proceso continúe en la Sala Juzgadora.

La Cámara de Diputados ya puso en marcha el proceso de análisis del pedido de juicio político contra el ministro de la Corte de Justicia, Marcelo Lima. La comisión investigadora designada por la Sala Acusadora estableció el cronograma de trabajo que seguirá durante los próximos 40 días, plazo máximo con el que cuenta para elaborar un informe que luego será sometido a consideración del resto de los legisladores que integran ese cuerpo.

La comisión está conformada por Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Marisa López, Mario Herrero y Sonia Ferreyra. De acuerdo con fuentes legislativas, las reuniones se realizarán todos los miércoles, una elección que responde a que esa jornada registra menor actividad de comisiones y permite dedicar más tiempo al estudio del expediente.

En la conformación del cuerpo existe mayoría de representantes del justicialismo, ya que López, Herrero y Ferreyra pertenecen a ese espacio político. En las semanas previas se especuló con la posibilidad de que Herrero se apartara de la investigación debido a la relación política que mantuvo durante años con Lima, con quien compartió funciones cuando este fue vicegobernador en la gestión de José Luis Gioja. Sin embargo, desde el ámbito legislativo descartaron esa posibilidad y confirmaron que la integración de la comisión permanecerá sin modificaciones.

Una vez concluido el trabajo de investigación, el informe será elevado a la Sala Acusadora, integrada por otros 15 diputados. Ese cuerpo será el encargado de resolver si existen elementos suficientes para que el proceso continúe en la Sala Juzgadora o si el pedido de juicio político queda desestimado.

La denuncia que dio origen al procedimiento fue presentada por el abogado Fernando Fiorentino y cuestiona la actuación de Lima en los expedientes 123 y 124 del Jurado de Enjuiciamiento. Esas actuaciones habían sido impulsadas por el propio letrado contra los jueces Sergio Orlando Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Adriana Verónica Tettamanti por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.

Según sostiene Fiorentino, el magistrado debió inhibirse de intervenir en esos expedientes debido al vínculo de amistad que mantiene con Rodríguez, situación que, a su criterio, comprometía la imparcialidad que exige la integración del Jurado de Enjuiciamiento.

Como fundamento de esa acusación, el abogado señaló que ambos compartieron funciones en la Municipalidad de la Capital durante la gestión de Lima como intendente, entre 2007 y 2009. Además, indicó que coincidieron anteriormente en la Cámara de Diputados y en distintas actividades partidarias vinculadas al Partido Justicialista.

La presentación invoca disposiciones de la Ley 663-E, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento, la Ley 560-E de Ética Pública y el Código de Ética Judicial de San Juan. De acuerdo con esos marcos normativos, los integrantes del organismo deben excusarse cuando exista una relación de amistad íntima con alguna de las partes o cualquier otra circunstancia que pueda afectar, o generar dudas sobre, su objetividad.

Como parte de la prueba ofrecida, Fiorentino pidió incorporar copias certificadas de los expedientes cuestionados y solicitó informes a la Municipalidad de la Capital y a la Cámara de Diputados para acreditar los cargos y funciones desempeñados por Lima y Rodríguez a lo largo de distintos períodos.