El primer censo de población carcelaria en San Juan revela un perfil joven, vulnerable y con escasa educación

Se presentaron los datos provisorios en las 4º Jornadas de Sociología de la UNSJ: la mayoría de los internos tiene entre 18 y 42 años y un alto porcentaje no terminó la escuela secundaria.

En el marco de las 4º Jornadas de Sociología organizadas por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), fueron expuestos los primeros datos obtenidos en el 1º Censo Provincial de la Población Carcelaria.

Realizado en colaboración entre el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y estudiantes de Sociología, el estudio ofrece un perfil sociodemográfico que destaca las condiciones de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad en la provincia. Entre los datos más reveladores, sobresale una población predominantemente joven, con escaso acceso a educación formal y alta incidencia de trabajos informales.

Este primer censo, ejecutado con un equipo de censistas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ, representa un avance en la recolección científica de datos sobre la realidad carcelaria de San Juan. En la presentación del informe preliminar participaron el director del Servicio Penitenciario, Enrique Delgado, y los sociólogos José María Carelli y Gabriela Tomsig, quienes subrayaron la importancia de un trabajo que busca dar visibilidad a una población históricamente excluida. “Esta base de datos nos permitirá tomar decisiones asertivas en políticas públicas de alto impacto”, señaló Tomsig.

Un ciclo de vulnerabilidad que se repite

El censo reveló que el 53% de la población carcelaria en San Juan tiene entre 18 y 32 años, y el 78% se encuentra en edades consideradas productivas, de entre 18 y 42 años. Sin embargo, la baja escolarización y las pocas oportunidades de trabajo formal marcan un ciclo de exclusión. Solo el 8% de los internos completó la escuela secundaria, mientras que el 16% terminó la primaria. “Estos datos confirman que muchos de ellos llegan al sistema penitenciario habiendo sido marginados socialmente desde edades tempranas, tanto en lo educativo como en lo laboral”, expresó Delgado.

En cuanto al acceso al trabajo, el censo mostró que, previo a su ingreso, la mayoría trabajó en empleos informales. Un 69% de estos trabajos fueron de corta duración, y casi el 60% trabajaba sin ningún tipo de registro formal. Además, un 45% comenzó a trabajar entre los 5 y 14 años, lo que indica una alta exposición a trabajos inestables desde la niñez.

Educación y rehabilitación en contexto de encierro

Los datos recabados evidencian que la educación es un factor clave para la reintegración social. Actualmente, el 46% de la población carcelaria se encuentra cursando niveles formales de educación dentro del penal, mientras que el resto opta por talleres de oficios o formación en el mismo centro penitenciario. En este sentido, el director del SPP aseguró que se están redoblando esfuerzos para brindar acceso a estudios primarios, secundarios e incluso universitarios a quienes muestran interés en mejorar su educación.

El censo también analizó las aspiraciones educativas de los internos, y una mayoría manifestó intenciones de continuar sus estudios o aprender un oficio, lo que podría ofrecer una vía para reducir la reincidencia delictiva. “Con estas herramientas sociodemográficas podremos implementar políticas de prevención del delito y de inclusión para este grupo social, que también tiene derecho a la educación y a la salud”, destacó Tomsig.

Salud, consumo y redes de contención

Entre otros aspectos, el censo incluyó datos sobre la salud y las redes de apoyo de las personas privadas de libertad (PPL). Un 18% sufre alguna enfermedad crónica, con una prevalencia alta entre mujeres, quienes representan el 3% de la población carcelaria. Además, el 58% de los internos reportó haber consumido drogas antes de ingresar al sistema penitenciario, y la mayoría inició ese consumo entre los 12 y 17 años.

Las redes de contención familiar juegan un papel importante en la vida de los internos. El 54% espera volver a su hogar al obtener la libertad, mientras que el 37% planea vivir con otros familiares o amigos. La mayoría confía en que tendrá apoyo de sus seres queridos para encontrar trabajo y acceder a servicios de salud, lo que indica la importancia de estas redes en el proceso de reintegración social.

Vivienda y condiciones de vida antes del ingreso

En el plano habitacional, el 83% vivía en una casa antes de ser encarcelado, y en promedio los grupos familiares compartían entre dos y tres habitaciones, lo que indica una posible situación de hacinamiento. Solo el 9% habitaba en departamentos o viviendas formales adecuadas, y en menor medida, en ranchos o espacios improvisados. Las condiciones de vivienda, según los investigadores, también influyen en los niveles de vulnerabilidad de esta población.

Un esfuerzo por dar visibilidad a una realidad social compleja

Para Delgado, este censo marca un hito en el trabajo penitenciario de la provincia. «Estamos ante un hecho histórico en la temática penitenciaria. Esta iniciativa, coordinada entre la Secretaría de Seguridad y la Facultad de Ciencias Sociales, nos da datos precisos para fortalecer el tratamiento de los internos y mejorar la gestión penitenciaria”, indicó. Agregó que el censo representa un paso más en el cumplimiento del mandato de la Ley de Ejecución Penal 24.660, la cual exige trabajar en la reinserción social de quienes cumplen condena.

Este censo no solo permite obtener datos concretos, sino que también aspira a sentar las bases para políticas públicas que respondan a las necesidades reales de esta población. «Esperamos que este trabajo pueda traducirse en oportunidades de educación y capacitación para aquellos que cumplieron su pena, para que, al volver a la sociedad, puedan encontrar una nueva oportunidad», concluyó Delgado.