El Colegio de Magistrados respaldó a Sanz

La entidad que nuclea a jueces y funcionarios judiciales defendió la actuación del magistrado Diego Sanz y reclamó que las diferencias con Fiscalía se resuelvan dentro de los canales procesales previstos por la ley.

La controversia institucional que se desató entre un grupo de fiscales y el juez de Garantías Diego Sanz sumó un nuevo actor. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de San Juan, presidido por Pablo Farina, emitió un comunicado en el que respaldó la actuación del magistrado y defendió el rol de los jueces dentro del sistema acusatorio.

La intervención de la entidad se produjo luego de que el Consejo de Fiscalías y Asesorías (CONFIAS) cuestionara públicamente una decisión adoptada por Sanz durante una audiencia vinculada al denominado caso de los «robarruedas», donde se debatía una salida alternativa al proceso penal.

El conflicto surgió cuando el juez dispuso la citación de las víctimas antes de resolver el planteo judicial. Desde Fiscalía sostuvieron que los damnificados ya habían expresado por escrito su voluntad de no participar de la audiencia y que la legislación vigente no exige su presencia. La medida generó el rechazo de la fiscal coordinadora de Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica, quien incluso intentó recusar al magistrado, planteo que fue rechazado.

Frente a ese escenario, el Colegio de Magistrados sostuvo que las decisiones adoptadas por los jueces deben analizarse dentro de los mecanismos procesales previstos por la ley y no a través de cuestionamientos públicos.

En el documento, la institución recordó que el sistema acusatorio establecido por la Ley 1851-O determina que todos los planteos de las partes deben ser debatidos y resueltos en audiencias orales por el juez competente.

Además, remarcó que corresponde al juez garantizar los derechos de todos los sujetos procesales, incluidas las víctimas.

«Los jueces de garantías actúan en el marco de la legalidad al aplicar las normas del proceso penal citando a la persona afectada por un delito, con la finalidad de resguardar el derecho que le asiste a ser escuchada», expresó la entidad.

El comunicado también rechazó la interpretación de que una convocatoria judicial a una víctima pueda constituir una situación de revictimización institucional, uno de los conceptos utilizados por CONFIAS al respaldar la postura de Salica.

Uno de los puntos más fuertes del pronunciamiento estuvo dirigido al clima de confrontación generado tras el intercambio público entre magistrados y fiscales. El Colegio sostuvo que «el respeto institucional y republicano exige que las diferencias jurídicas sean debatidas y resueltas en las instancias correspondientes», y llamó a evitar expresiones que puedan afectar la investidura de los jueces o descontextualizar lo ocurrido durante las audiencias.

La entidad recordó además que entre sus obligaciones estatutarias figura la defensa de los principios fundamentales de la magistratura, independientemente de que los jueces involucrados integren o no la institución.

El nuevo posicionamiento profundiza una discusión que trasciende el caso puntual y abre un debate sobre los alcances del rol judicial, la protección de las víctimas y los límites de los cuestionamientos públicos dentro del sistema acusatorio sanjuanino. Mientras tanto, la tensión entre sectores de la magistratura y del Ministerio Público Fiscal suma un nuevo capítulo en uno de los cruces institucionales más relevantes registrados en los últimos meses en el ámbito judicial provincial.