Obras Sociales y Prepagas: ¿Fin de un ciclo?

Por Marcelo Delgado (*) –

Argentina fue pionera en el mundo, en materia de seguridad social: Tanto en lo previsional, como la atención y cuidado de la salud, experimentó un fuerte impulso, en la segunda mitad del siglo pasado.

En 1970, con la Ley 18.610, se hace obligatorio el sistema de aportes a las Obras Sociales. No obstante, desde 1940, existían mutuales, obras sociales de los empleados provinciales, y otros sistemas de protección o aseguramiento de la atención sanitaria, que sirvieron de antecedentes, para un sistema que se consolidó, como acceso a la salud. En 1971, se crea el PAMI (Obra social de los jubilados), completando así la cobertura universal, de atención a los activos y pasivos.

Este proceso, vino acompañado de un fuerte impulso del empleo formal, y la seguridad social, tanto previsional, como la sanitaria; sumó una importante cantidad de aportantes. En los años 90, se sumaron de manera masiva, las empresas privadas de “medicina prepaga”, que ofrecían planes superadores, y contaban con cuotas diferenciadas y complementarias.

El sistema creció con rapidez, pero al mismo tiempo su anarquía. Por un lado los gremios, creaban sus propias entidades (Obras sociales sindicales), las prepagas, consolidaban sus negocios de manos de grupos económicos o prestadores categorizados de salud, y se instrumentaron verdaderas redes para atender a los afiliados cautivos de las obras sociales provinciales y el PAMI. A pesar de los esfuerzos reguladores y los controles, el sistema profundizó inequidades y se prestó para el desvío de recursos.

A poco más de 50 años de su creación, la pregunta es: ¿Se termina un ciclo, o es posible volver a revitalizarlo?
Algunos aspectos a tener en cuenta, antes de responder:

• Las poblaciones de los agentes (Obras Sociales y Prepagas), han elevado su edad promedio.
• Crece la expectativa de vida, y con ello, los tratamientos crónicos de las enfermedades.
• El menú de prestaciones, se incrementó de manera significativa. La tecnología y las alternativas terapéutica, (medicamentos, órtesis, prótesis, etc.).
• Alta ineficiencia operativa y elevados costos de gestión.
• La población aportante, es inferior al 50% de la totalidad de trabajadores. 7 millones de personas financian el sistema, y 20 millones totalizan los activos formales e informales.
• El sistema no previó la constitución de reservas, ni mecanismos de previsión de riesgos.

La desregulación del decreto 70 / 2.023, profundizó la crisis del sector, y los agentes, realizaron ajustes de precios y servicios, para equilibrar sus finanzas, mientras que los afiliados padecieron deterioro de los servicios. La duda, que comporto con ustedes, radica en saber, ¿si estamos en un fin de ciclo, acelerado por la desregulación, o es el paso previo, a una reforma urgente y necesaria?

(*) Abogado, economista

Fuente: Publicado en El Nuevo Diario, edición 2141 del 26 de abril de 2025