Censo carcelario: el 86% de los internos no terminó estudios primarios, ni secundarios

 Un 7% afirmó estar en absoluto analfabetismo. Las trayectorias educativas truncas están asociadas con la marginación social y la pobreza. 

Se presentaron oficialmente los datos estadísticos preliminares del Primer Censo de la Población Carcelaria de la Provincia de San Juan (CPCSJ), en el marco de las 4° Jornadas de Sociología, conmemorando los 60 años de la creación de la carrera.

Estuvieron presentes el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público Gustavo Sánchez; la vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales María del Carmen Zorrilla; el director del Servicio Penitenciario Provincial Enrique Delgado; el director del Departamento de Sociología José María Carelli; la Coordinadora del CPCSJ Gabriela Tomsig, alumnos y público general.

 La Coordinadora del CPCSJ Gabriela Tomsig presentó los datos generales y aclaró que tienen por principal objetivo el trabajo interno del Servicio Penitenciario y que, además, serán trabajados por un equipo de investigación interinstitucional entre el SPP y el Depto. de Sociología, en el que se profundizarán bajo diferentes análisis para continuar la tarea.
 

El perfil sociodemográfico apunta hacia una población excluida estructuralmente en múltiples dimensiones en las últimas décadas. La combinación de juventudes, masculinidades precarias y vínculos familiares debilitados, sugiere que la privación de libertad es, en gran medida, la culminación de procesos de marginalización previos.

Conformación de la población carcelaria

En total, residen en la Unidad un 97% de varones y 3% de mujeres; siendo el 78% menores de 42 años, mientras el 53% tiene entre 18 y 32 años. El 75% de los varones tiene hijos, mientras el 92% de las mujeres son madres. 

Nivel de instrucción formal

Si bien un 93% declara haber asistido a la educación formal, un 86% del total de la población penal oscila entre el primario y secundario incompletos; un 7% afirmó estar en absoluto analfabetismo. La baja culminación de los estudios refleja un problema de acceso y de continuidad educativa en contextos vulnerables, marcando una necesidad de políticas que intervengan antes de que se produzca la exclusión escolar definitiva.

La relación entre la interrupción de las trayectorias educativas y el aumento de las probabilidades de participación en conductas delictivas puede ser un factor a considerar en futuros estudios.

Los datos permiten observar cómo la exclusión educativa previa al ingreso al sistema penal y la baja escolarización dentro del mismo son factores que perpetúan las desigualdades sociales.

Las trayectorias educativas truncas están asociadas con la marginación social y la pobreza, lo que implica que las políticas públicas deben enfocarse en evitar que las personas en riesgo de exclusión escolar queden fuera del sistema educativo formal.

El acceso a la educación en el contexto carcelario debe ser priorizado no solo como un derecho humano, sino también como un mecanismo para reducir la reincidencia.

La implementación de estrategias que aumenten la culminación de estudios dentro del SPP es fundamental para maximizar el impacto de las intervenciones educativas y facilitar la reintegración laboral y social de la población carcelaria.

Cabe aquí destacar que la PPL logra continuar sus estudios dentro del SPP y asimismo pensar a la educación como herramienta transformadora de realidades.

Salud

La baja cobertura de salud previa al ingreso (26%) sugiere una vinculación limitada de la población carcelaria a empleos formales o sistemas de seguridad social antes de su encarcelamiento.

Esto puede señalar una historia de marginalidad o trabajos informales, donde el acceso a recursos de salud preventiva es mínimo. Las mujeres presentan una leve ventaja en acceso a obra social, pero esta diferencia es menor y parece insuficiente para garantizar atención continua.

Este panorama subraya una desconexión de la población carcelaria con sistemas de apoyo social previos, que pueden afectar sus expectativas de atención dentro del sistema penitenciario.

Asimismo, el análisis muestra una alta tasa de inserción laboral temprana, entre los 5 y 14 años. Esto refleja un contexto de vulnerabilidad y desigualdad social, donde la necesidad de contribuir económicamente desde temprana edad puede estar relacionada con la falta de acceso a educación y oportunidades de desarrollo, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión.

De la población con enfermedades crónicas (con mayor impacto en mujeres), indica una carga de salud que requiere atención sostenida y específica, especialmente en el tratamiento de hipertensión y diabetes.

Esto puede ser indicativo de condiciones de vida previas que contribuyen a la aparición de enfermedades en edades tempranas, especialmente si estas personas experimentaron limitaciones en recursos alimentarios, de actividad física y acceso a atención médica.

Las mujeres presentan además condiciones como el tiroidismo, reflejando posiblemente una exposición desigual a factores de riesgo relacionados con su contexto social y roles previos, como las demandas de trabajo informal o cuidado.

Trabajo

Un breve repaso por las trayectorias laborales de los PPL demuestra, asimismo, empleos precarios. Es decir, mayormente sin registración, escaso o nulo acceso a beneficios laborales y pluriinserción laboral, entre otros aspectos.

Consumo de sustancias ilegales

Este análisis muestra una situación de consumo de sustancias en edades que tradicionalmente están asociadas a la consolidación laboral y social, pero en este contexto reflejan un perfil de marginalidad y riesgo.

La mayor incidencia en hombres y en adultos jóvenes resalta la posible necesidad de intervenciones preventivas en estas etapas críticas de desarrollo. La prevalencia del consumo de drogas sugiere que esta población probablemente enfrentó contextos de vulnerabilidad y carencias previas. Esto puede señalar una conexión entre el consumo de sustancias y la integración social, donde la falta de redes de contención o un sistema de apoyo.