Branka Motors ofrece $420 millones para compensar a 287 denunciantes y busca frenar la causa penal

La empresa presentó una propuesta de reparación integral ante la fiscalía. El acuerdo deberá ser evaluado por el Ministerio Público y por los damnificados.

La firma Branka Motors propuso desembolsar $420.000.000 para indemnizar a los 287 clientes que integran el expediente judicial por una presunta maniobra fraudulenta en la comercialización de motocicletas en San Juan. La oferta fue formalizada ante el fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, y quedó ahora sujeta a la evaluación tanto del Ministerio Público Fiscal como de los querellantes.

La iniciativa fue impulsada por los abogados defensores de Alexis Marco, Jonathan Marco y Facundo Banega, señalados como responsables de la empresa. El planteo apunta a alcanzar un acuerdo de reparación integral que permita una conciliación entre las partes y eventualmente derive en la suspensión de la acción penal, en caso de que sea aceptado.

El monto global sería distribuido entre los 287 denunciantes que actualmente figuran en la causa. Sin embargo, aún no se dieron a conocer detalles clave, como la forma de pago y los plazos previstos, aspectos que podrían resultar determinantes al momento de que los damnificados definan si aceptan o rechazan la propuesta. El expediente todavía no fue formalizado, por lo que un entendimiento entre las partes podría alterar el curso del proceso judicial.

El conflicto tomó estado público el 16 de enero de 2026, tras un incidente policial ocurrido en el local comercial ubicado en avenida Rioja y 25 de Mayo. En esa ocasión fue detenido un hombre acusado de intentar retirar una motocicleta sin autorización, aunque presentó un contrato que acreditaba la compra. Si bien ese episodio fue encuadrado como hurto simple en grado de tentativa y se resolvió con una probation, el hecho expuso el reclamo de numerosos clientes que aseguraban haber pagado sus vehículos sin recibirlos.

La tensión escaló el 19 de enero, cuando decenas de personas se manifestaron frente al comercio para exigir la entrega de las motos —algunas abonadas meses antes— o la devolución del dinero. La protesta incluyó momentos de tensión y requirió presencia policial. A partir de entonces se multiplicaron las denuncias y la investigación quedó en manos de la UFI especializada en Delitos Informáticos y Estafas.

En paralelo, la Dirección de Defensa al Consumidor impuso a la firma una multa cercana a los $2.900 millones por incumplimientos en la entrega de los rodados. Si bien esa sanción administrativa no contempla compensaciones directas para los clientes, fortaleció las sospechas de irregularidades.

Con el avance de la causa, cobraron relevancia los contratos aportados por los compradores como prueba. En ellos se establecía un plazo de hasta 20 días hábiles para la entrega de la motocicleta tras la confirmación del pago y se contemplaba, ante falta de stock, la entrega de un vehículo similar o la devolución del dinero. Los denunciantes sostienen que esas condiciones generaban confianza, pero que no se cumplieron en la práctica.

Otro punto bajo análisis es que los documentos estaban firmados por la “administración” de la empresa, sin identificar responsables individuales, un elemento que para los investigadores podría evidenciar una estructura organizada.

La causa ya acumula 287 denunciantes y derivó en allanamientos tanto en el local céntrico de Branka Motors como en otro comercio vinculado a la firma. Mientras los tres señalados continúan bajo investigación, la oferta económica aparece como un intento de descomprimir el conflicto y evitar imputaciones formales. La decisión final dependerá del criterio de la fiscalía y, especialmente, de la aceptación de los damnificados tras semanas de reclamos e incertidumbre.