ATAP recortó colectivos y crece la tensión, aunque todavía no hay respuesta oficial

Las empresas redujeron cerca de 30% las frecuencias de la Red Tulum y atribuyeron la decisión a una deuda del Gobierno provincial. Transporte inició controles, pero todavía no informó sanciones ni confirmó el atraso denunciado.

Las empresas nucleadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) redujeron alrededor de 30% los servicios de colectivos en San Juan, una decisión adoptada sin un anuncio previo a los usuarios y que ya provocó mayores tiempos de espera en diferentes líneas de la Red Tulum.

El recorte fue confirmado por la conducción de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que atribuyó la medida a una decisión empresarial para disminuir el consumo de combustible ante una supuesta deuda del Gobierno provincial por subsidios y compensaciones. Según el gremio, las compañías comenzaron a trabajar con diagramas similares a los aplicados durante los recesos escolares.

“Han reducido servicios y están trabajando con los horarios de verano para administrar el gasoil y poder proseguir prestando servicio”, explicó el referente sindical Héctor Maldonado.

En términos operativos, una línea que habitualmente circula con 10 turnos estaría funcionando con apenas cinco o seis unidades, mientras que frecuencias cercanas a los 10 minutos pasaron a superar los 20 minutos en algunos recorridos.

La decisión afecta especialmente a quienes dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y otras actividades. Durante las últimas horas, usuarios de distintas líneas reportaron en redes sociales demoras prolongadas y menor cantidad de unidades en circulación.

El Gobierno inició controles

Ante el aumento de las quejas, la Secretaría de Tránsito y Transporte puso en marcha un monitoreo para verificar si las empresas redujeron efectivamente las frecuencias comprometidas dentro del sistema.

El relevamiento busca determinar cómo se encuentra funcionando cada línea y si las demoras responden a una decisión generalizada de las prestatarias o a problemas operativos puntuales. Con esa información, el organismo provincial deberá establecer si corresponde exigir explicaciones o aplicar medidas contra las compañías.

Hasta el momento, no se conoció una respuesta oficial que confirme la deuda denunciada por ATAP ni una comunicación pública que autorice la reducción del servicio. Tampoco se informaron sanciones.

El planteo empresarial no es nuevo. En conflictos anteriores, ATAP responsabilizó a la Provincia por la falta de fondos para afrontar costos y acuerdos salariales. Sin embargo, en junio de 2025 el entonces secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, sostuvo que “la Provincia está al día” con los subsidios y negó que el Estado mantuviera obligaciones pendientes con las empresas.

Una disputa que vuelve a los usuarios

La relación entre el Gobierno, ATAP y los trabajadores acumula antecedentes de tensión. En mayo de este año, una deuda salarial estimada en alrededor de $700.000 por chofer llevó a la UTA a anunciar un paro, que finalmente fue desactivado después de un acuerdo entre el gremio y las empresas.

El nuevo conflicto tiene una diferencia central: esta vez la prestación fue reducida por las empresas mientras continúa la discusión económica. La consecuencia inmediata recae sobre los pasajeros, que pagan la misma tarifa pero reciben un servicio con menos frecuencias y mayores demoras.

La definición dependerá ahora del resultado de los controles oficiales y de la documentación que presenten las empresas para acreditar la deuda reclamada. Mientras no haya una resolución, la continuidad del recorte podría profundizar el deterioro del servicio y abrir un nuevo frente de disputa por el financiamiento del transporte público en San Juan.