La Justicia riojana – a pedido del Gobierno- ordenó frenar el proyecto minero Vicuña

La actividad fue suspendida por 30 días por falta de un estudio ambiental. La medida incluye el cierre de un camino clave utilizado por la empresa en territorio riojano. La empresa sigue funcionando por rutas sanjuaninas.

La Justicia de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña S.A., una de las inversiones más importantes del sector en el país. La decisión estaría fundamentada en la falta de presentación del estudio de impacto ambiental correspondiente en La Rioja. Como es una resolución del ámbito provincial y el proyecto está en San Juan, la actividad en Josémaría sigue normal aunque la logística es por caminos sanjuaninos y no pueden ir por La Rioja.

De acuerdo a medios de la vecina provincia, el secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, confirmó que la medida judicial presentada por el Fiscal de Estado, alcanza también al cierre de un camino estratégico que atraviesa territorio riojano y que es utilizado por la empresa para su logística.

La resolución fue firmada por la jueza en lo Civil, Comercial y Minería de Chilecito, María Greta Decker, en el marco de una causa iniciada por el Gobierno de La Rioja. La magistrada habría hecho lugar al planteo oficial mediante una medida autosatisfactiva por lo cual no pidió el descargo de la empresa antes de sacar la resolución, tras considerar insuficientes las respuestas de la compañía ante los requerimientos administrativos.

Las autoridades riojanas sostienen que la empresa solo presentó un informe parcial centrado en el tramo del camino dentro de la provincia, lo que fue considerado insuficiente.

Según lo publicado, uno de los puntos centrales del reclamo es que el yacimiento se encuentra a menos de un kilómetro del límite interprovincial, por lo que sus impactos ambientales como el tránsito pesado, el polvo y el ruido podrían afectar a varias localidades riojanas, entre ellas Guandacol, Villa Unión, Jagüé, Zapata y Las Cuevas.

Además, el funcionario cuestionó, siempre en declaraciones citadas por el medio, que la empresa utilice más de 140 kilómetros de caminos en La Rioja incluyendo el paso por una reserva provincial sin generar beneficios directos para la población local.

La resolución judicial, establece que la firma deberá presentar el estudio de impacto ambiental en un plazo de 30 días. En caso de cumplir, la suspensión se levantaría automáticamente; de lo contrario, el conflicto podría escalar a instancias superiores.

Finalmente, la Policía de La Rioja ya se encuentra controlando el acceso al camino que conecta Guandacol con la zona minera, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la medida y evitar la circulación hacia el proyecto durante el período establecido.