Tras desbaratar una red que movía millones de pesos ingresando droga al Penal, no descartan complicidad de penitenciarios

Después de doce meses de investigación, la Justicia Federal desbarató una presunta red narco que operaba dentro del Servicio Penitenciario Provincial y que habría movido cerca de 590 millones de pesos en apenas un año. El operativo se basó en escuchas, seguimientos y allanamientos que dejaron al descubierto un circuito de droga y dinero con ramificaciones tanto dentro como fuera de la cárcel.

El juez Leopoldo Rago Gallo, a pedido del fiscal Fernando Alcaraz, procesó a 11 personas por tráfico de estupefacientes con doble agravante: conformar una asociación ilícita y comercializar dentro del penal. Diez de los imputados cumplirán prisión preventiva por 90 días, mientras que una mujer fue excarcelada por su avanzado embarazo.

Carlos Suárez, director del Servicio Penitenciario Provincial, contó detalles sobre el rol de la institución en los procedimientos y explicó que la investigación se llevó adelante en conjunto con la Justicia Federal. Explicó que la información se obtuvo gracias a las requisas, los scanner y controles exhaustivos durante las visitas.

“El trabajo se inicia a partir de datos que llegaban al personal de la Federal y de lo que detectábamos en las requisas. Hay personas, como mujeres embarazadas, que no pasan por el scanner y quizás por ahí se introducía la droga, pero aún así detectamos que ingresaban pequeñas cantidades en ropa interior”, señaló.

Suárez admitió que no se descarta la complicidad de penitenciarios, aunque aclaró que son casos aislados: “Ya hemos tenido guardiacárceles detenidos por estas cosas, pero son los menos. Igual estamos iniciando una investigación interna y, si se comprueba responsabilidad, se tomarán todas las medidas hasta las últimas consecuencias”.

Finalmente, remarcó que lo sucedido es “un golpe duro para el servicio penitenciario” y que se trabaja a diario para evitar estas maniobras ilícitas dentro del penal.

Respecto a la investigación, fuentes judiciales explicaron que las intervenciones telefónicas fueron clave para identificar a Danisa Yasmín Aveiro como responsable del ingreso de droga al Penal de Chimbas. Según la causa, ella abastecía a su pareja, Cristian Jesús Latorre, sorprendido con 47 gramos de cocaína en su celda.

Otro de los internos señalados es Sebastián Humberto Tobal, “jefe de pabellón” condenado a 20 años por homicidio, a quien le incautaron una importante cantidad de pastillas. También figura Leonardo Jesús Arias, ya sentenciado por narcotráfico.

La trama se extendía a familiares y allegados que actuaban como mensajeros o distribuidores. Entre ellos, María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, en cuya vivienda secuestraron marihuana, una pistola y celulares; Carlos Alberto Ormeño, preso por robo, que recibía droga a través de su pareja Rocío Rojas —liberada por cuestiones de salud—; Gustavo Martín Chávez Ganga, con antecedentes narcos; Franco Mario Escoda y su madre Sonia Graciela Ontiveros, además de Ricardo David Morales, detenido con cocaína y marihuana.

La pesquisa aún no está cerrada y los investigadores buscan a varios prófugos: Leonardo Saavedra, señalado como proveedor, dos mujeres apellidadas Silva y Luna, y un hombre de apellido Garrido. Tampoco descartan complicidad interna, ya que entre lo secuestrado apareció una campera similar a las que usa el personal penitenciario.