Sigue el escándalo por los «ñoquis» en Zonda: el Tribunal de Cuentas comenzó a revisar los legajos del personal

El escándalo por la presunta existencia de “ñoquis” en la Municipalidad de Zonda sigue escalando. Este miércoles 29, coincidiendo con el simbólico “día de los ñoquis”, el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Díaz, confirmó que todos los legajos de los trabajadores municipales fueron retirados del municipio y ahora están siendo revisados por el Tribunal de Cuentas de San Juan.

“Seguimos expectantes, porque la causa sigue avanzando y todos los legajos laborales están siendo analizados y evaluados en detalle”, afirmó Díaz.

La investigación, que había sido inicialmente desestimada por el fiscal Francisco Nicolía, se reactivó tras una ampliación de la denuncia y ahora está bajo la órbita de Nicolás Schiattino, de la UFI de Delitos Especiales. Según el gremialista, la ampliación presentada a principios de octubre incorporó casos claros de presunta estafa en perjuicio de la administración pública, sumando figuras penales como falsificación de instrumento público, administración fraudulenta, incompatibilidad de funciones y tráfico de influencias.

Entre los ejemplos más resonantes se encuentra Gustavo Atampiz, hijo del diputado departamental Miguel Atampiz y sobrino del intendente Juan Atampiz, quien figura como empleado de planta permanente del municipio mientras trabaja en Vaca Muerta. La denuncia también señala a Manuel Casívar y Miguel Ángel Gil, presuntamente empleados de planta permanente que estarían cumpliendo funciones fuera del departamento, en San Luis y en la mina Veladero, respectivamente, mientras cobran sueldos municipales.

Díaz aseguró que también se detectaron casos de reubicaciones irregulares, en los que agentes figuran trabajando en lugares donde nunca se los ve. Incluso, indicó, hay registros de las esposas del diputado y del intendente como empleadas en un merendero del municipio que no se sabe si realmente existe.

El conflicto comenzó a mediados de agosto, cuando el SEP y concejales opositores denunciaron que, de los 240 empleados de planta permanente, solo entre 50 y 60 cumplían funciones efectivas, mientras que el resto cobraba su salario desde sus casas. Según el sindicato, la situación se arrastra desde 2019 y se agravó durante la pandemia.

Los concejales Víctor Montaña (Juntos por el Cambio) y Gustavo Ledesma (giojismo) también intervinieron, presentando una nota al intendente Juan Atampiz para que intimara a todos los trabajadores a presentarse a sus puestos en un plazo de 48 horas. Entre los casos señalados, se encuentran la esposa del diputado Miguel Atampiz y la exesposa del jefe comunal, ambas en planta permanente y sin registros de asistencia.

Hasta el momento, el intendente Juan Atampiz no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones que involucran a su administración y a miembros de su familia.

En paralelo, Díaz informó que el SEP logró un fallo favorable en otro expediente judicial contra la Municipalidad de Zonda. La Justicia ordenó la restitución de un delegado gremial que había sido trasladado sin su consentimiento, violando la ley sindical. “El municipio lo había mandado a limpiar calles cuando su lugar de trabajo era el Camping Cerro Blanco. Presentamos un recurso y finalmente la Justicia falló a nuestro favor”, explicó el dirigente.

Mientras el Tribunal de Cuentas analiza los legajos y la UFI de Delitos Especiales continúa reuniendo pruebas, el caso promete seguir generando repercusiones políticas y judiciales en Zonda. En un contexto donde la transparencia y la función pública están en el centro del debate, el avance de la investigación es celebrado tanto por el SEP como por la comunidad local.

“Queremos que se sepa la verdad. Y si hay culpables, que se los sancione, porque no puede seguir ocurriendo que en el Estado haya gente cobrando sin trabajar”, concluyó Díaz.