San Juan baja el tono al conflicto con La Rioja y descarta una disputa judicial por el proyecto Vicuña

Desde el Gobierno provincial aseguran que no existe un litigio formal en curso. Afirman que los límites territoriales ya están definidos y no se encuentran en discusión legal.

En medio de la tensión política generada con La Rioja por el avance del proyecto minero Vicuña y los cuestionamientos sobre los límites entre ambas provincias, en San Juan optaron por llevar calma al plano jurídico y relativizar la existencia de un conflicto concreto.

Fuentes oficiales indicaron que, hasta el momento, no hay una controversia formal que amerite la intervención de la Justicia. Desde la Fiscalía de Estado aclararon que la provincia no fue notificada de ninguna acción legal en su contra ni forma parte de un proceso judicial, por lo que no se contempla iniciar medidas en ese sentido.

Esta postura contrasta con la visibilidad que el tema adquirió en el ámbito político y mediático. Mientras que desde La Rioja se impulsaron presentaciones judiciales y pronunciamientos públicos que cuestionan tanto el desarrollo del proyecto como la delimitación territorial, en San Juan consideran que esas acciones no configuran un conflicto interprovincial concreto.

Incluso señalaron que, si bien hubo resoluciones judiciales dictadas en territorio riojano con efectos indirectos sobre la actividad minera, no existe una disputa directa entre provincias que habilite la intervención de instancias superiores, como la Corte Suprema.

Uno de los puntos más sensibles del debate gira en torno a los límites entre ambas jurisdicciones. Sin embargo, desde el área legal sanjuanina sostienen que esa cuestión ya fue definida y no está sujeta a revisión. Argumentan que la delimitación vigente cuenta con respaldo legal, al haber sido establecida y posteriormente avalada por el Congreso nacional, además de contar con la aprobación de las legislaturas provinciales.

En ese marco, descartan cualquier riesgo sobre la integridad territorial de San Juan y ratifican la validez de los límites actuales. También subrayan que las normas que respaldan esos acuerdos siguen en plena vigencia mientras no sean modificadas por nuevas disposiciones.

De esta manera, pese al aumento de la tensión en el plano político, la estrategia jurídica de la provincia se basa en la prudencia y en la convicción de que no existe, por ahora, un escenario legal que altere la situación vigente.