Rechazan la recusación contra la jueza del caso del Acueducto

La Fiscalía descartó que existiera el delito de prevaricato atribuido a la magistrada Mónica Lucero y resolvió no impulsar una investigación penal. También quedó firme el rechazo al intento de apartar a los fiscales de la causa.

Los ex presidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, sufrieron un nuevo traspié en la estrategia judicial que impulsan en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum. Esta vez, la Fiscalía desestimó la denuncia presentada contra la jueza de Garantías Mónica Lucero, a quien acusaban de haber cometido prevaricato, al considerar que no existen elementos que acrediten la comisión de un delito.

La presentación había sido realizada por el abogado Nasser Uzair, quien sostuvo que la magistrada había dictado resoluciones contrarias a derecho de manera deliberada. Sin embargo, el fiscal interviniente concluyó que los hechos denunciados no configuran una conducta penalmente reprochable, por lo que resolvió no promover una investigación preparatoria. De este modo, Lucero continuará al frente de las actuaciones vinculadas al expediente.

La controversia se originó luego de que, a mediados de junio, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales solicitara una prórroga de 90 días para continuar con la investigación preliminar sobre la megaobra. La jueza hizo lugar al pedido, aunque previamente dispuso que Sirerol y Ruiz fueran notificados de la audiencia, motivo por el cual el debate pasó a un cuarto intermedio de un día.

Al retomarse la audiencia, la defensa de los exfuncionarios no estuvo presente y la magistrada autorizó la extensión del plazo solicitada por la Fiscalía. Esa decisión motivó una serie de planteos por parte de Uzair, quien posteriormente pidió que sus representados fueran incorporados como parte del expediente para acceder a las actuaciones, presentar pruebas y ejercer otras facultades procesales.

Ese planteo también fue rechazado. La jueza entendió que, hasta el momento, Sirerol y Ruiz no tienen la calidad de imputados ni figuran formalmente bajo investigación, ya que la UFI Delitos Especiales todavía intenta determinar si existieron hechos delictivos durante la ejecución del Acueducto Gran Tulum.

Tras esa resolución, la defensa avanzó con un pedido para apartar a Lucero de la causa y, en paralelo, presentó una denuncia penal por presunto prevaricato. Además, recusó a todos los fiscales que integran la UFI Delitos Especiales, argumentando falta de imparcialidad.

La recusación fue analizada inicialmente por el fiscal Adolfo Díaz y luego revisada por el fiscal coordinador Roberto Ginberg, quien resolvió declararla inadmisible. Con esa decisión, Díaz quedó ratificado para intervenir en el análisis de la denuncia contra la magistrada.

Finalmente, este miércoles, el fiscal emitió el dictamen que cerró ese capítulo al resolver desestimar la denuncia por inexistencia de delito, lo que implica que no se abrirá una Investigación Penal Preparatoria contra la jueza Mónica Lucero. La resolución representa un nuevo revés judicial para los ex titulares de OSSE en el marco de la causa que investiga la ejecución del Acueducto Gran Tulum.