Nación le pagó a la UNSJ cerca de $500 millones por convenios firmados con agencias, dependencias o empresas públicas

n un contexto de tensión con las universidades, los fondos destinados a la UNSJ generan debate sobre transparencia en el financiamiento.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) recibió cerca de 500 millones de pesos en los últimos tres años como parte de una serie de convenios firmados con agencias y dependencias públicas de la Nación, según reveló el diario La Nación en un informe publicado este martes. Esta información se da a conocer en un momento delicado para las universidades públicas del país, que se encuentran en conflicto con el gobierno de Javier Milei tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, una medida que desencadenó protestas y la toma de facultades en distintos puntos de Argentina.

De acuerdo con el informe, estos convenios, unos 26 en el caso de la UNSJ, permitieron el flujo de fondos hacia la universidad sin un proceso de auditoría previa, cuestión que fue cuestionada por organismos y sectores que exigen mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Este tipo de contratación, usual en otras casas de estudio, generó además el señalamiento de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como ente responsable de la supervisión. Sin embargo, este control fue rechazado por algunas universidades, incluida la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Uno de los convenios más significativos es el que la UNSJ firmó con el Instituto Nacional del Agua en julio de 2022, con un monto de 2.948.800 dólares. Este acuerdo, destinado a financiar el «Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido», refleja la relevancia del recurso hídrico en la región cuyana y la importancia de su manejo y conservación. Posteriormente, se firmaron otros dos acuerdos con el mismo instituto, consolidando así el vínculo entre ambas instituciones.

En el listado de convenios figuran también poco más de 50 millones de pesos asignados a obras complementarias en la UNSJ, así como una serie de acuerdos con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destinados a becas y convenios de cooperación para proyectos de investigación en el ámbito agropecuario.

Este flujo de fondos, aunque beneficioso para la universidad en términos de infraestructura y desarrollo académico, plantea interrogantes sobre la falta de auditorías en este tipo de contratos. La controversia se produce en un contexto de creciente presión sobre el sistema universitario público, que lucha por mantener su autonomía frente a los controles y ajustes propuestos por el Ejecutivo.