Condenaron a una empleada de la UNSJ que presentó 33 certificados falsos para ascender

La trabajadora no docente había utilizado documentación apócrifa para sumar antecedentes en un concurso interno de la Facultad de Ciencias Sociales. Tras una investigación y un juicio abreviado, recibió una pena de un año de prisión en suspenso.

Una empleada no docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) fue condenada por falsificar y utilizar certificados de capacitación con el objetivo de obtener una ventaja en un concurso interno para acceder al cargo de directora administrativa.

La maniobra salió a la luz cuando otra trabajadora que participaba de la misma convocatoria detectó inconsistencias en los antecedentes presentados por su competidora. Entre las irregularidades observadas figuraban cursos que supuestamente había realizado años atrás, una elevada cantidad de horas de capacitación acreditadas en un mismo período y documentos cuyas firmas y escritura despertaron sospechas.

La postulante que advirtió las anomalías, Alicia del Carmen Vera, impugnó la documentación presentada por Marcela Ivana Díaz. A partir de ese planteo, la Universidad inició una investigación interna y posteriormente realizó una denuncia ante la Justicia Federal.

En total, quedaron bajo sospecha 33 certificados que Díaz había incorporado a su presentación para el concurso. La acusación sostuvo que los documentos consignaban cursos que la empleada no había realizado y que habían sido confeccionados con contenido y firmas falsas para incrementar su puntaje y mejorar sus posibilidades de obtener el puesto.

La convocatoria había sido impulsada en 2017 por la Facultad de Ciencias Sociales para cubrir mediante un concurso cerrado interno el cargo de Director Administrativo, correspondiente al personal de apoyo universitario de planta permanente. La competencia contaba únicamente con dos postulantes.

Durante la investigación, especialistas de Gendarmería Nacional analizaron seis de los certificados originales y encontraron similitudes entre la escritura atribuida a Díaz y las firmas de distintas autoridades universitarias. El resto de la documentación no pudo ser sometida al mismo análisis debido a que se encontraba presentada únicamente en fotocopias.

Otro elemento considerado por la Fiscalía fue un informe elaborado por la propia UNSJ. Allí se estableció que varios de los cursos acreditados estaban destinados exclusivamente a profesionales o docentes, condición que la acusada no reunía debido al cargo administrativo que ocupaba al momento de los hechos.

Además, distintos funcionarios y exautoridades de la Facultad de Ciencias Sociales cuyos nombres aparecían en los certificados desconocieron las firmas que figuraban en esos documentos.

La investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Maldonado, quien sostuvo que la empleada buscó obtener un beneficio personal mediante la incorporación de antecedentes falsos y así aumentar el puntaje necesario para imponerse en el concurso.

Finalmente, Díaz reconoció su responsabilidad por los delitos de falsificación de documento público y utilización de documentación falsa. A través de su defensa, acordó un juicio abreviado con el Ministerio Público.

La jueza Eliana Rattá, del Tribunal Oral Federal de San Juan, homologó el acuerdo y dictó una condena de un año de prisión en suspenso. De esta manera, la causa quedó resuelta luego de varios años de investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por la Universidad.