Deudas con mora récord: bancos o Gobierno, el dilema

La deuda de los hogares llegó a niveles que no se registraban en más de dos décadas. El Gobierno descartó utilizar recursos públicos para rescatar a los deudores y sostiene que la solución debe surgir entre bancos y clientes. Las entidades, mientras tanto, comenzaron a extender plazos y ofrecer refinanciaciones para evitar que la mora siga escalando.

El endeudamiento de las familias dejó de ser únicamente un problema de las economías domésticas y se convirtió en uno de los focos de tensión del sistema financiero argentino. La mora de los hogares alcanzó el 12,8% de los créditos en mayo, el nivel más alto en más de 24 años, y abrió un debate sobre quién debe asumir el costo de una salida: los bancos que otorgaron los préstamos, el Estado mediante algún mecanismo de asistencia o los propios deudores.

La posición del Gobierno nacional es, por ahora, terminante. El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó un programa estatal para cancelar o subsidiar deudas particulares y definió el problema como un vínculo contractual entre privados.

“Es un tema entre privados”, sostuvo Caputo, al explicar que un banco entrega un crédito y el tomador acepta las condiciones. También planteó que “cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestras decisiones”, aunque reconoció que algunas personas pudieron endeudarse porque no tenían otra alternativa.

La discusión adquirió volumen por la velocidad con la que se deterioró la capacidad de pago. En abril de 2025, la mora bancaria de las familias era del 3,7%. Un año después había escalado al 12,1% y en mayo llegó al 12,8%, según el Banco Central.

El fenómeno no se limita a quienes dejaron directamente de pagar. También creció la cantidad de préstamos que tuvieron que ser renegociados. Un relevamiento de EcoGo citado por La Nación indicó que en mayo las refinanciaciones equivalían al 26,07% de los créditos familiares que estaban en situación irregular y al 3,16% de toda la cartera de préstamos a hogares.

Detrás de esos números aparece una combinación de factores. Durante la expansión del crédito se multiplicaron los préstamos personales, el financiamiento con tarjetas y los préstamos ofrecidos por entidades no bancarias. Luego, las cuotas comenzaron a competir con gastos corrientes en hogares cuyos ingresos disponibles quedaron presionados por servicios, alimentos, alquileres y otros consumos básicos.

Economistas vinculados al sistema financiero señalan además el efecto de las tasas reales elevadas, la debilidad de la actividad, la informalidad laboral y un fenómeno de “selección adversa”: en un contexto de crédito caro, quienes continuaron tomando préstamos fueron muchas veces aquellos que más necesitaban financiarse y, por lo tanto, tenían menor capacidad futura de repago.

El propio Caputo reconoció que el Gobierno había advertido a las entidades sobre ese riesgo. “Si estás prestando plata al 10% mensual y los sueldos crecen al 2, lo más probable es que esta gente no te pague”, recordó que les plantearon desde Economía a algunos bancos.

Allí aparece el otro costado de la discusión: hasta dónde llega la responsabilidad de las entidades que evaluaron el riesgo, fijaron las tasas y aprobaron los créditos.

Para los bancos, una refinanciación también tiene lógica económica. Extender plazos, reducir la cuota o consolidar diferentes obligaciones puede permitir recuperar un préstamo que, de otra manera, podría transformarse en incobrable. De hecho, entidades privadas como Santander y Galicia comenzaron a ofrecer alternativas personalizadas de reorganización de deuda según el perfil de cada cliente.

Los bancos públicos fueron más lejos.

El Banco Nación puso en marcha herramientas que permiten unificar obligaciones propias y de otras entidades. Una de ellas ofrece financiamiento de hasta $100 millones y plazos de hasta 10 años, mediante créditos UVA más una tasa adicional que varía según el grado de atraso.

Además, mantiene una alternativa específica para deudas de tarjetas de crédito de clientes con atrasos de entre 7 y 85 días, con una TNA fija del 35%, vigente hasta fines de septiembre.

El Banco Provincia también instrumentó mecanismos para extender refinanciaciones hasta 72 meses, mientras que la Ciudad de Buenos Aires dio un paso distinto: aprobó por ley un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal destinado a hogares en determinadas categorías de mora. El esquema establece un plazo mínimo de 24 meses y un tope de 35% anual para la tasa aplicada por el Banco Ciudad.

Ese modelo introduce una diferencia relevante. No implica que el Estado pague la deuda del particular, pero sí que utilice una entidad pública y herramientas regulatorias para facilitar la renegociación.

Por eso, el debate no se reduce a elegir entre un “rescate” estatal o dejar que cada familia resuelva sola sus compromisos. Entre ambos extremos existen alternativas como prolongar plazos, bajar tasas de refinanciación, consolidar varias deudas en un solo crédito, ofrecer períodos de gracia o modificar transitoriamente determinadas exigencias regulatorias.

Dentro del propio mercado financiero también se discute si el Banco Central debería facilitar esas operaciones. Economistas y exfuncionarios del organismo plantearon como dilema si corresponde esperar que el mercado se ajuste por sí solo o aplicar franquicias regulatorias que favorezcan las refinanciaciones, sin que eso implique utilizar fondos públicos para cancelar las obligaciones privadas.

La decisión no es neutra. Una asistencia estatal generalizada podría trasladar al conjunto de los contribuyentes el costo de créditos acordados entre particulares y entidades financieras. Pero dejar deteriorar masivamente las carteras también tiene consecuencias: aumenta el riesgo bancario, encarece el crédito nuevo y puede excluir durante años del sistema financiero a quienes ingresen en categorías graves de morosidad.

La estrategia nacional, al menos hasta ahora, apunta a evitar el primer camino. Caputo aseguró que “la mora con el tiempo va a ir cayendo” y confía en que los propios bancos absorban parte del problema mediante créditos más largos y tasas menores.

El resultado dependerá de una variable que ninguna refinanciación puede sustituir indefinidamente: la capacidad de los ingresos de las familias para volver a cubrir tanto sus gastos mensuales como las cuotas. Si eso no ocurre, extender vencimientos podrá contener la emergencia financiera, pero no resolverá el origen del endeudamiento.