Diputados acelera el debate por las deudas de 6 millones de familias

La oposición logró fijar un cronograma para tratar unos 50 proyectos sobre morosidad y endeudamiento. Se discutirán refinanciaciones, quitas de intereses, límites a las tasas y controles sobre bancos y fintech. También avanzará la prórroga de la emergencia en discapacidad.

La Cámara de Diputados aceleró este miércoles el debate sobre el endeudamiento y la morosidad que, según la oposición, afecta a más de seis millones de familias, al fijar un cronograma que obliga a las comisiones a avanzar con alrededor de 50 proyectos destinados a regular créditos, intereses y mecanismos de cobranza.

La decisión surgió de una sesión impulsada por bloques opositores que consiguió imponer plazos concretos para dos asuntos sensibles para el gobierno de Javier Milei: las deudas familiares y la prórroga de la emergencia en discapacidad. La Libertad Avanza modificó a último momento su estrategia, aportó al quorum y terminó acompañando parte del esquema de trabajo.

En materia de endeudamiento, los proyectos deberán obtener dictamen el 30 de septiembre, después de dos reuniones informativas. La moción tuvo un solo voto en contra, del diputado santacruceño José Garrido, aliado del Gobierno.

El paquete será analizado por las comisiones de Finanzas y Defensa de la Competencia. Entre las iniciativas aparecen planes de refinanciación, quitas de intereses, límites a las tasas y mayores controles sobre bancos y fintech.

También se analizarán mecanismos para regular las prácticas de cobranza, impedir el hostigamiento a los deudores y proteger las cuentas sueldo frente a embargos.

El punto anticipa una discusión de fondo entre oficialismo y oposición. Los bloques opositores sostienen que existe una situación crítica que alcanza a más de seis millones de familias en mora y plantean medidas para aliviar el peso financiero de las deudas.

La Libertad Avanza rechaza, en cambio, establecer topes a las tasas de interés y plantea abordar el problema principalmente mediante educación financiera. El oficialismo argumenta que limitar las tasas podría restringir el crédito para las personas consideradas de mayor riesgo por las entidades financieras.

La oposición buscó además excluir de esta discusión las iniciativas que impliquen gasto público. La estrategia apunta a concentrarse en medidas sin costo fiscal y evitar que el impacto presupuestario pueda convertirse en un argumento del Ejecutivo para frenar las propuestas o justificar posteriormente un veto.

El segundo frente abierto en Diputados es discapacidad. Por unanimidad se estableció una reunión informativa para el 16 de septiembre y la emisión de dictamen para el 23 de septiembre.

El proyecto presentado por Juan Marino, de Unión por la Patria, propone extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Sus impulsores sostienen que permitiría mantener mayor flexibilidad para financiar el sistema y que las modificaciones permanentes introducidas por la legislación, como la actualización mensual de aranceles según la inflación, deberían continuar vigentes.

El oficialismo considera, por el contrario, que “la emergencia está cumplida” y pretende avanzar con otro instrumento que garantice prestaciones sin extender formalmente esa figura. También sostiene que los ajustes por inflación para los prestadores estarán contemplados en el próximo presupuesto.

La sesión trasladó ahora la disputa política a las comisiones, donde el oficialismo dispone de una relación de fuerzas más favorable. Lo que allí ocurra será determinante: el 23 de septiembre para discapacidad y el 30 para endeudamiento aparecen como las próximas fechas clave antes de que ambos debates puedan regresar al recinto.

Fuente: La Nación