La prueba que faltaba: hallan archivos del Ministerio de Educación en equipos comprados por la policía

La pericia realizada sobre los equipos secuestrados aportó un nuevo elemento a la investigación judicial. Los especialistas encontraron documentación vinculada al Ministerio de Educación, lo que fortalece la sospecha de que parte del equipamiento no era nuevo y habría pertenecido previamente a otra dependencia del Estado provincial.

La causa que investiga un presunto fraude por alrededor de 90 millones de pesos en la compra de equipamiento informático destinado a la Policía de San Juan incorporó una nueva evidencia que podría resultar clave para el avance del expediente. Durante las pericias efectuadas sobre las impresoras secuestradas, los técnicos detectaron archivos correspondientes al Ministerio de Educación, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que esos dispositivos ya habían sido utilizados antes de ser incorporados al proceso de compra.

La investigación se originó a partir de una contratación impulsada durante la gestión provincial anterior con financiamiento nacional. El expediente contemplaba la adquisición de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets para distintas dependencias policiales, aunque, según la denuncia, esos equipos nunca llegaron a las comisarías.

El caso comenzó tras una presentación realizada por el entonces jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, quien pidió esclarecer qué había ocurrido con el equipamiento adquirido. La investigación está a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y es supervisada por la jueza Flavia Allende. Hasta el momento hay cinco personas imputadas por los presuntos delitos de fraude e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Entre los acusados figuran María de Lourdes Quiroga Coll, exapoderada de la empresa SCH Emprendimientos SAS, además de Enzo Ariel Fava, Jorge Eduardo Santoni, Juan José Valverde y Juan José González.

En el expediente también consta una presentación realizada por Quiroga Coll ante el Tribunal de Cuentas, fechada el 4 de julio del año pasado, en la que sostuvo que los equipos permanecían resguardados en un depósito privado perteneciente a la firma Electro3, ubicado sobre calle Estados Unidos al 685 Sur, en Capital, con el objetivo de justificar el lugar donde se encontraban almacenados.

No obstante, los informes periciales contradijeron esa versión. Los especialistas concluyeron que las computadoras presentaban señales de uso y que no cumplían con las características técnicas establecidas en el decreto de compra. Además, verificaron que los equipos contaban con menor capacidad de memoria RAM que la exigida y que las licencias de software habían sido instaladas apenas dos meses antes de las inspecciones, pese a que oficialmente figuraban como entregados más de un año antes.

Frente a estas irregularidades, la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública, encabezada por Damián Villavicencio, inició un sumario administrativo contra dos comisarios.

Mientras tanto, la Justicia dispuso un plazo de un año para continuar con las medidas de prueba y profundizar la investigación. En ese período, Juan José González seguirá al frente de la Comisaría Buenaventura Luna y Juan José Valverde permanecerá en funciones en la Sección Bomberos. Paralelamente, la Fiscalía de Estado se incorporó al expediente como querellante con el objetivo de resguardar los intereses de la Provincia, mientras se intenta determinar si otros organismos estatales estuvieron relacionados con el recorrido previo del equipamiento encontrado en el depósito de Capital.