La Corte de Justicia ratificó el rechazo al amparo del SEP que buscaba reincorporar los últimos pases a planta que desafectó Orrego

En su momento, se supo que fueron más de 2 mil trabajadores que pasaron a planta y que luego fueron desafectados por el actual gobernador.

Fue una de las primeras medidas que tomó el gobernador Marcelo Orrego al comienzo de su gestión cuando definió dar de baja a los nombramientos de personal a planta permanente del Estado que se hicieron seis meses antes del recambio de gestión por el anterior gobernador Sergio Uñac. Así las cosas, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) presentó un amparo para reincorporar a esos empleados, lo cual tuvo un revés judicial en su momento, cuando el juez Walter Otiñano, del Octavo Civil, lo rechazó debido a un error formal, debido a que no se había agotado la vía administrativa. Después fue la Sala Tercera de la Cámara Civil la que ratificó la decisión y ahora intervino en el mismo sentido la Corte de Justicia de San Juan. La Sala Segunda, integrada por Marcelo Lima, Guillermo De Sanctis y Juan José Victoria, dejó firme el fallo en primera instancia al entender que el gremio no acudió a un ámbito administrativo superior para que revisara la resolución y, con ese resultado, se habilitara la intervención de la Justicia, coincidiendo con el argumento de que la decisión del Ejecutivo “se encuentra dentro de sus facultades”.

En su momento, se supo que fueron más de 2 mil trabajadores que pasaron a planta y que luego fueron desafectados por el actual gobernador. La decisión fue tomada el 11 de diciembre, a un día de su asunción, medida que consistió en revocar los nombramientos a planta permanente de la administración pública hechos en los seis meses previos a la renovación de gobierno. También invalidó las designaciones de aquellos agentes que fueron designados con nueve meses de antelación, pero que, en ese lapso, no cumplieron con el mínimo de seis meses de servicio efectivo y continuo. No fue lo único, ya que le dio de baja a la extensión de los contratos.

De todas formas, se creó una Comisión Evaluadora para analizar aquellos casos que llegasen a cumplir con los requisitos de contratación, “a fin de garantizar los derechos de los trabajadores”, se había señalado en su momento.