Inspección clave: Fiscalía recorrió la traza del Acueducto Gran Tulum

El operativo incluyó distintos puntos de la obra para verificar posibles irregularidades en su ejecución. Participaron fiscales, personal policial y técnicos especializados para contrastar el proyecto original con lo construido.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público Fiscal realizó este 10 de marzo una inspección ocular en diferentes sectores de la obra del Acueducto Gran Tulum, con el objetivo de constatar en terreno posibles irregularidades vinculadas a sobreprecios y presuntos desvíos de fondos públicos.

El procedimiento se llevó adelante con la autorización de la jueza de Garantías Mónica Lucero y estuvo a cargo de un equipo de fiscales integrado por Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. También participaron los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra.

La recorrida siguió el trazado original del proyecto con el fin de compararlo con los trabajos efectivamente ejecutados. El operativo comenzó en el obrador de la UTE responsable de la obra, ubicado junto al paredón del Dique Punta Negra.

Desde allí, la comitiva avanzó por distintos tramos de la Ruta Provincial 12 y se dirigió hacia Villa Tacú, en el sector del cerro donde el proyecto original preveía la construcción de un túnel, uno de los puntos que genera mayores dudas dentro de la causa.

La inspección continuó luego en el frente de obra situado sobre el sector norte de la Avenida Libertador General San Martín, en inmediaciones del Cementerio El Mirador, y finalizó en la planta potabilizadora de la empresa Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) ubicada en Marquesado.

Para llevar adelante el relevamiento se contó con la colaboración de la Policía Rural, que aportó drones para obtener registros aéreos de la zona. Además, participaron efectivos de la Brigada de Delitos, personal de Policía Científica, agentes de la Seccional 14 y técnicos de OSSE, quienes brindaron apoyo técnico y logístico durante todo el operativo.

La investigación por el denominado apunta a determinar la existencia de una presunta trama de corrupción vinculada a la obra pública. Entre las sospechas que analiza la Justicia se encuentran posibles sobreprecios en la ejecución del proyecto y supuestos vínculos entre empresas adjudicatarias y familiares de exfuncionarios del Poder Ejecutivo provincial.

Con la Fiscalía de Estado ya constituida como querellante en la causa, la inspección ocular realizada este lunes podría convertirse en una prueba clave para establecer si la inversión realizada con recursos públicos se corresponde con las obras efectivamente ejecutadas.