Funcionaria del Registro Civil de Pocito presa: la acusan de entregar DNI falsos para estafas por más de $11 millones

La empleada pública fue enviada al penal de Chimbas con prisión preventiva. En su domicilio hallaron 162 DNI y la acusan de participar en una red que habría cometido estafas por más de 11 millones de pesos.

Un escándalo sacude al Registro Civil de Pocito tras la detención de Natalia Lorena Castillo, una funcionaria que fue enviada al penal de Chimbas con prisión preventiva, acusada de integrar una presunta banda dedicada a la falsificación de documentos y estafas millonarias.

La investigación, a cargo del fiscal federal Fernando Alcaraz, se inició tras la denuncia de un ciudadano bonaerense que descubrió que su identidad había sido usurpada para obtener créditos en San Juan. A partir de ese caso, se desbarató una organización que, según la Justicia, operaba con documentos adulterados emitidos desde el propio Registro Civil.

Castillo, quien tenía a su cargo la tramitación y entrega de DNI en la delegación de Pocito, fue detenida el pasado 30 de junio junto a otros tres sospechosos: Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide, un conocido estafador que ya cumplía arresto domiciliario; su hijo Rodrigo Navarro Pozo; y Marcos Esteban Vallejo, domiciliado en Chimbas.

Durante los allanamientos, Gendarmería Nacional secuestró 162 documentos de identidad en la casa de la funcionaria. Ahora, peritos del RENAPER deberán determinar si esos DNI son apócrifos y si fueron utilizados para cometer más fraudes.

El caso que destapó la maniobra fue el de Hipólito Diego Martín, un vecino de Tandil que en diciembre pasado descubrió que alguien había tramitado un triplicado de su DNI en San Juan. Poco después, comenzaron a llegarle deudas por préstamos y compras por un total de 11.412.000 pesos. Las pericias faciales confirmaron que el nuevo documento tenía la foto de Marcos Vallejo, uno de los imputados.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que Castillo habría facilitado los documentos falsos a los otros miembros de la banda, quienes luego los usaban para obtener créditos y realizar compras en nombre de terceros. Por estos hechos, fueron imputados por falsificación de documentos públicos y estafas.

El juez de garantías Leopoldo Rago Gallo dictó prisión preventiva para Castillo por 120 días, mientras que Vallejo y Navarro Pozo recuperaron la libertad tras pagar fianzas de 2.500.000 y 500.000 pesos, respectivamente. “El Narigón” Navarro Saide continúa con arresto domiciliario.

La defensa de Castillo, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, apeló la medida, pero el juez federal mendocino Juan Ignacio Pérez Curci ratificó la prisión preventiva. La investigación continúa y no se descarta que surjan más víctimas y maniobras fraudulentas.