Fraude millonario a Gendarmería: comerciantes evitarán el juicio con un acuerdo de reparación

Ocho comerciantes involucrados en un esquema de fraude con fondos destinados a la Gendarmería Nacional podrían evitar el juicio tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía Federal. El megafraude, descubierto en 2014, involucraba compras fraudulentas de mercaderías y otros insumos para el Escuadrón 26 y el centro de formación de aspirantes «Gendarme Félix Manifior» en Barreal, Calingasta. La suma del perjuicio actualizado asciende a varias decenas de millones de pesos.

El fiscal federal Fernando Alcaraz y los abogados de los acusados alcanzaron un acuerdo de reparación económica que, de cumplirse, eximiría a los comerciantes de enfrentar un juicio penal. La cifra a pagar varía según el grado de implicación de cada uno, oscilando entre 4 y 22 millones de pesos, según informaron fuentes judiciales. El acuerdo ya fue elevado para su ratificación ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, integrado por los jueces Daniel Doffo, Eliana Rattá y Hugo Echegaray, quienes tendrán la última palabra sobre su validez.

Los detalles del fraude

El fraude fue denunciado el 2 de septiembre de 2014, luego de una auditoría interna de la Gendarmería Nacional. Entre las irregularidades detectadas, se mencionan la sobrefacturación de precios —en algunos casos más del doble—, mercaderías que figuraban en facturas pero nunca ingresaron al Escuadrón 26, la contratación ilegal de 25 teléfonos celulares y la utilización de un mecanismo de compra excepcional llamado «legítimo abono», que se utilizó indebidamente en lugar de realizar compras directas o llamados a licitación.

Estos hallazgos fueron el resultado de una exhaustiva investigación que involucró no solo a peritos de la Gendarmería, sino también a expertos de la Policía Federal y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROSELAC).

Entre los principales imputados, se destaca el segundo comandante de Gendarmería, Jorge Ariel Castro, quien estaba a cargo de la Unidad Técnica Administrativa Contable del Escuadrón 26 de Barreal durante el período en que ocurrieron las irregularidades (2012-2014). Según la acusación, Castro fue el mentor y ejecutor del fraude. A diferencia de los comerciantes que acordaron la reparación, Castro irá a juicio junto a su pareja, Noelia Fernanda Soruco, quien también enfrenta cargos por lavado de activos.

La Fiscalía sospecha que los fondos obtenidos a través de las operaciones fraudulentas se destinaron a la compra de un terreno en Calingasta, una camioneta y una moto, todos bienes que fueron registrados a nombre de Soruco, quien no tenía empleo formal, lo que genera aún más sospechas. La situación financiera de Castro también es un factor clave, ya que se le descontaba una cuota alimentaria.

El comerciante Alberto Alejandro Sosa, quien debía pagar el mayor monto de reparación, no podrá hacerlo y también enfrentará el juicio junto a Castro.

Por su parte, los otros ocho comerciantes —Adrián Alexis Rojo, María Ester González, Emilio Alfredo Amín, Oscar Pastén, Pablo Darío Riquelme, Julio Eduardo Pósleman, Carlos David Samat y Juan Carlos Tapia— aceptaron el acuerdo de reparación, lo que les permitirá evitar el juicio y limpiar sus antecedentes si cumplen con los pagos pactados.

Con este acuerdo sobre la mesa, el futuro de la causa depende ahora de la decisión de los jueces del Tribunal Oral, quienes deberán evaluar si el pacto satisface las exigencias de la ley y permite reparar el daño causado al Estado.