Fiscalía perita la ruta de los $90 millones de las 150 computadoras compradas por la Policía

Solicitarán el levantamiento del secreto bancario, para determinar cuál fue el destino final del dinero.

La UFI Delitos Especiales, en el marco de la investigación de la causa de las  computadoras de la  Policía, avanza con una serie de medidas. Uno de los principales objetivos de la investigación es determinar cuál fue el destino final del dinero. Solicitarán el levantamiento del secreto bancario y requerirán información a distintas entidades financieras y organismos públicos con el propósito de reconstruir el circuito financiero de la operación. 

El análisis de los movimientos bancarios permitirá establecer quiénes recibieron los fondos, cómo fueron distribuidos y si existieron transferencias o maniobras posteriores que puedan aportar elementos para determinar eventuales responsabilidades penales.

El procedimiento permitirá complementar las pruebas técnicas incorporadas y establecer si existieron maniobras destinadas a beneficiar a particulares con recursos públicos.

También deben determinar cómo se les dio de baja a las computadores desde el Ministerio de Educación para que terminaran en el depósito de la empresa.  

Caber recordar que los imputado son: María de Lourdes Quiroga Coll, apoderada y administradora titular de la firma SCH Emprendimientos SAS, quien hizo la venta de los equipos.

Enzo Ariel Fava,  representante técnico de la Secretaría de Seguridad; Jorge Eduardo Santoni, comisario mayor retirado y los comisarios en servicio Juan José Valverde y Juan José González. A estos cuatro se les suma la imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público, de corroborase el fraude los que están en funciones serían dados de baja de la fuerza.