Fiscalía de Estado se suma como querellante en la causa por el Acueducto Gran Tulum

La Provincia formalizó su participación en la investigación por presuntas irregularidades en la licitación y ejecución de la obra. El expediente avanza bajo la órbita de Delitos Especiales y no descartan nuevas imputaciones.

La Fiscalía de Estado se incorporó oficialmente como parte querellante en la causa penal que analiza posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución del Acueducto Gran Tulum. La confirmación fue realizada por Sebastián Dávila, quien aseguró que el Gobierno provincial impulsará activamente el proceso judicial que investiga el Ministerio Público Fiscal.

La decisión se produce en el marco de la denuncia presentada por el dirigente Marcelo Arancibia, quien advirtió sobre presuntas maniobras de corrupción que habrían ocasionado un perjuicio económico a la Provincia. El expediente está a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración de Francisco Pizarro, integrante de la UFI de Delitos Especiales.

Aunque desde hacía meses se especulaba con esta posibilidad, la formalización de la querella marca un nuevo capítulo en la investigación. Desde la Fiscalía de Estado anticiparon que ahora comenzará una etapa exhaustiva de análisis de la prueba ya reunida, con el objetivo de determinar si corresponde solicitar nuevas medidas probatorias.

La pesquisa preliminar tendría un plazo inicial de 90 días, prorrogable por igual período. En ese tiempo, el Ministerio Público revisa la documentación solicitada a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), con la intención de reconstruir el proceso licitatorio y los actos administrativos posteriores que derivaron en la concreción de la obra, cuya ejecución generó un compromiso financiero que la Provincia continúa afrontando.

Las sospechas iniciales apuntaban, entre otros, a Gustavo Monti, primo del ex gobernador Sergio Uñac, quien falleció recientemente. No obstante, su muerte no interrumpe la causa, que busca establecer si existieron responsabilidades de otros actores involucrados en la contratación y ejecución del proyecto.

A comienzos de este año, Arancibia amplió su denuncia e instó a que se investiguen delitos de mayor gravedad que podrían comprometer a ex funcionarios de alto rango. En esa presentación, vinculó por primera vez a antiguas autoridades con una posible trama de corrupción administrativa de carácter estructural.

El planteo tomó impulso tras la difusión de documentos que relacionarían a Monti con la empresa Krah América Latina S.A., adjudicataria de la provisión de caños para la obra, y que también mencionaban al ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz. Según la denuncia, existirían indicios de sobreprecios y pagos anticipados que no se ajustarían a los procedimientos habituales.

En particular, se puso el foco en un expediente firmado por Monti en representación de la firma privada y por Ruiz como titular del organismo estatal, lo que —según el denunciante— podría evidenciar un vínculo más profundo que una relación circunstancial. La acusación sostiene que habría coincidencias temporales entre decisiones administrativas de alto impacto económico y la intervención del entorno familiar del entonces mandatario.

De confirmarse estos extremos, podrían configurarse figuras penales como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público, contempladas en los artículos 265 y 248 del Código Penal.

En las últimas horas también trascendieron imágenes tomadas en 2022, durante el MotoGP en Santiago del Estero, en las que aparecen juntos Monti y el ex titular de OSSE. Ruiz condujo la empresa estatal hasta 2019, período en el que se adjudicó a Krah la provisión de materiales clave para el acueducto.

Mientras tanto, la obra permanece paralizada debido a observaciones técnicas aún sin resolver. Pese a ello, la Provincia comenzó el año pasado a cancelar el crédito otorgado por Kuwait que financió el proyecto inconcluso, según informó el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez.