Fentanilo contaminado: el Gobierno exige la detención del empresario farmacéutico y tensiona con la Justicia

Tras el escándalo por más de 100 muertes, el Ejecutivo amenaza con recusar al juez Kreplak si no ordena el arresto del dueño de HLB Pharma. El magistrado respondió con un llamado a respetar la independencia judicial.

En medio de una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno nacional redobló la presión sobre la Justicia y lanzó una advertencia pública: si el juez federal Ernesto Kreplak no ordena la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, será recusado por presunto conflicto de intereses. La acusación se basa en el vínculo familiar entre el magistrado y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, señalado como “principal cliente” del laboratorio implicado.

El comunicado oficial, difundido por la Vocería Presidencial en redes sociales, califica a García Furfaro como “responsable de más de 100 muertes” por la distribución de fentanilo contaminado, y lo vincula con figuras del kirchnerismo y antecedentes penales. “Pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario vendiéndole al Estado”, sostiene el texto, que también apunta contra el gobernador Axel Kicillof.

La respuesta del juez no tardó en llegar. En declaraciones a la prensa, Kreplak defendió su actuación en la causa y acusó al presidente de intentar interferir en el proceso judicial. “Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación como para que se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho”, afirmó, y pidió respeto por las víctimas y las instituciones.

La causa por el fentanilo contaminado se inició tras una serie de muertes en distintos puntos del país, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. El laboratorio Ramallo, vinculado a HLB Pharma, fue inhabilitado por la Anmat en febrero, tras una inspección ordenada por el ministro de Salud nacional, Mario Lugones. Tres meses después, comenzaron a registrarse los primeros fallecimientos.

Según la investigación, al menos cinco lotes contaminados fueron distribuidos en ocho centros de salud. La Anmat recomendó la prohibición total del producto y el Gobierno denunció al laboratorio por evasión tributaria y falsificación de documentación en registros oficiales.

El Ejecutivo se jacta de haber clausurado el laboratorio y de haber iniciado acciones legales contra García Furfaro, a quien califica como “empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política”. La tensión con el Poder Judicial, sin embargo, abre un nuevo capítulo en el caso, que ya acumula más de un centenar de víctimas y sigue sumando historias clínicas en hospitales de todo el país.

Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿hasta dónde puede llegar el enfrentamiento entre el Gobierno y la Justicia en medio de una tragedia que exige respuestas urgentes?