Estafa a la OSP: condenaron a tres implicados pero no irán a la cárcel ni habrá inhabilitación

Un médico local, un profesional foráneo y el propietario de la Clínica Argentina acordaron un juicio abreviado tras probarse la facturación de prestaciones truchas. Recibieron penas de hasta dos años de prisión en libertad y, sorpresivamente, el acuerdo no contempla la inhabilitación para seguir ejerciendo.

La causa por la millonaria estafa a la Obra Social Provincia (OSP) en el departamento Iglesia dio un giro decisivo en los tribunales. El fiscal Gastón Salvio confirmó que, tras un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa, se definió la condena para los tres principales involucrados en las maniobras fraudulentas cometidas durante 2023.

Los imputados, el médico Eduardo Leanis, el Dr. Carlos Agüero y el bioquímico Pablo Olivares, propietario de la Clínica Argentina de Rodeo, fueron sentenciados a penas de entre 15 meses y 2 años de prisión. Sin embargo, al tratarse de un juicio abreviado con penas menores a los tres años, la ejecución es de carácter condicional, por lo que los tres condenados mantendrán la libertad. Por su parte, Natalia Mateo (esposa de Olivares e imputada en la causa) no fue condenada.

El punto que más revuelo y polémica genera en la opinión pública radica en que, según lo anunciado por el Ministerio Público Fiscal, el acuerdo condena a los imputados pero no contempla la inhabilitación especial para el ejercicio de sus profesiones médicas y bioquímicas.

El origen del fraude: la credencial digital y las 80 cajas de archivo

El caso había comenzado a gestarse el 24 de febrero de 2025, cuando afiliados de la OSP en el departamento Iglesia advirtieron en su credencial digital la figuración de consultas, análisis bioquímicos y estudios médicos que jamás se habían realizado. En muchos casos, los pacientes declararon ni siquiera conocer a los profesionales que firmaban las órdenes.

Tras la denuncia de los usuarios, el interventor de la OSP, Rodolfo Fasoli, encabezó una auditoría administrativa masiva: el equipo auditor debió revisar cerca de 2.000 folios archivados en unas 80 cajas para auditar la facturación presentada en 2023. El cruce de números de DNI confirmó que se trataba de prestaciones y consultas completamente falsas cobradas al Estado provincial. En agosto de ese mismo año, la OSP y la Fiscalía de Estado radicaron la denuncia penal en Jáchal.

Cuestionamientos y restitución de fondos

Con las pruebas consideradas concluyentes por los investigadores, quedó acreditado el ilícito. Si bien en el plano administrativo los profesionales habían sido expulsados del padrón de prestadores de la OSP, la falta de inhabilitación judicial abre interrogantes sobre su continuidad laboral en el sector privado o en centros de salud públicos (como el Hospital San Roque de Jáchal, donde algunos prestaban servicio).

Tras el cierre del proceso penal, la Obra Social Provincia deberá buscar la restitución de los fondos desviados por las prestaciones falsas, mientras se analiza si los afiliados damnificados iniciarán acciones civiles por daños e indemnizaciones.